Las obras de adaptación del Fondo Sur del Carranza para acoger los juzgados de la Cárcel Real acabarán en verano

La zona del Fondo Sur del estadio Carranza que albergará los juzgados ahora ubicados en la Cárcel Real estará lista a finales del verano. Según informó ayer la delegada provincial de Justicia y Administración Pública, Gema Araujo, en estos momentos se acometen las obras necesarias para transformar este espacio diáfano en calabozos y despachos para que, «después del verano, comience ya el traslado».

En cuanto al uso que se dará, una vez rehabilitada, a la Cárcel Real, Araujo explicó que la decisión competerá al Ayuntamiento, ya que este inmueble era propiedad municipal y que en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Justicia este se cedió bajo la condición de que a los 30 años revirtiera de nuevo en el Ayuntamiento o también si los juzgados eran trasladados de este edificio antes de este plazo, como es el caso.

La Cárcel Real es una de las sedes judiciales más importantes de la ciudad y acoge el Registro Civil, el Juzgado de Primera Instancia número 5, cinco juzgados de lo Penal y tres de lo Social.

En lo que respecta a la Ciudad de la Justicia, señaló que esta actuación se encuentra paralizada a raíz de los restos arqueológicos hallados en el lugar donde se pretende construir y que se está a la espera del informe preceptivo de la Consejería de Cultura que determine cuándo actuar. No obstante, y para agilizar en todo lo posible los trámites, adelantó que en cuanto se obtenga el visto bueno de Cultura se sacará a licitación el proyecto, descartándose por tanto el concurso de ideas.

Memoria Histórica

Por otra parte, en el marco de presentación de las terceras jornadas de la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía -se celebran desde hoy y hasta el domingo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz-, Araujo informó de la ampliación por parte de la Junta de las indemnizaciones a los represaliados durante la dictadura, eliminándose el plazo para la presentación de solicitudes y el límite de haber estado, al menos, tres años en prisión. Estas ayudas, que alcanzan el importe de 1.800 euros, ya fueron solicitadas en 2005 en la provincia por 2.000 personas.