El CGPJ se inclina por imponer una multa a Del Olmo por excarcelar a un islamista

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se inclina por resolver con una multa la sanción disciplinaria al juez instructor del sumario del 11-M, Juan del Olmo, por la excarcelación por error, el 10 de mayo pasado, de Saed el Harrak, uno de los 29 procesados por la matanza de los trenes de cercanías.

La mayor parte de los vocales del CGPJ, tanto progresistas como conservadores, coinciden en afirmar en privado que el fallo cometido por Del Olmo, pese a la gravedad del resultado, fue un hecho casual en la trayectoria de un juez serio y trabajador, que se ha dedicado en cuerpo y alma a la instrucción de este sumario.

Las mismas fuentes apuntan a que dentro de varias semanas, cuando concluya el expediente sancionador que se le va a abrir al magistrado, la mayoría del CGPJ no sólo no apartará a Del Olmo de su juzgado, sino que, posiblemente, la falta que le achaque será leve o grave -nunca muy grave-, por lo que, en cualquiera de los casos, se resolverá con una simple multa. Si es leve, no pasará de 300 euros y, si es grave, de 300 a 3.000 euros.

Expediente sancionador

Por el momento, el CGPJ decidió ayer retrasar la apertura del expediente sancionador para recabar una serie de documentación que jugará a favor de los intereses de Del Olmo. Los miembros de la Comisión Disciplinaria, por cuatro contra uno, acordaron pedir nuevos informes para saber si los problemas de salud -tuvo que ser operado de un glaucoma que le había minimizado la visión- y la situación personal -cansancio y grandes presiones- que sufrió cuando se produjo el fallo pudieron influir en su conducta.

También piden informes complementarios a los incorporados en el dictamen emitido por el Servicio de Inspección -que recomendó la apertura de expediente por falta muy grave- sobre el control por parte de su juzgado de los presos preventivos dependientes de sus sumarios. Los documentos que deben emitir su antiguo juez sustituto y el secretario judicial se espera que también le favorezcan.

Los miembros de la Comisión Disciplinaria quieren contar dentro de quince días con la suficiente información sobre el caso como para que puedan abrir al magistrado un expediente disciplinario por falta leve o grave.

El trámite, que puede tardar varias semanas o meses en completarse, será instruido por un magistrado, que encargará diligencias y recibirá informes del Ministerio Fiscal y del afectado antes de presentar a la comisión una propuesta concreta de sanción. La sanción definitiva será discutida y acordada por el pleno del CGPJ y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, aseguró ayer que se actuará con criterios de «estricta legalidad» para valorar la gravedad de la falta y negó que tras la apertura de este expediente haya otras motivaciones de fondo. «En absoluto», afirmó, «en la casa de los jueces debe primar la garantía de la legalidad y del cumplimiento de la ley, y mal ejemplo daríamos si las motivaciones que siguiera el Consejo General del Poder Judicial no fueran de estricta legalidad».

En este sentido, López señaló que es necesario «garantizar los derechos del juez», pero también los del «fin de la investigación», por lo que insistió en que «todos los vocales, los cinco que lo conforman, van a actuar con un criterio de estricta legalidad, como debe ser».