El CGPJ pide a Del Olmo informes personales y médicos para decidir si le expedienta

La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha decidido por cuatro votos a favor y uno en contra abrir diligencias informativas para recabar datos, que considera fundamentales, antes de decidir si abre expediente disciplinario o no al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo por la excarcelación de uno de los 29 procesados en el sumario del 11-M, Saed El Harrak. El portavoz del CGPJ, Enrique López, ha explicado que los datos que la comisión considera fundamentales para tomar una decisión son todos los informes que existan sobre la situación personal y el estado de salud del juez y para el control de presos y detenidos del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que dicho magistrado es titular.

Esta decisión fue adoptada por la Comisión Disciplinaria del CGPJ por 4 votos a favor -María Angeles García (nombrada a propuesta del PSOE), Monserrat Comas (PSOE), Enrique Míguez (PP) y el independiente Agustín Azparren- y uno en contra, del vocal Carlos Ríos (PP), según informó a los periodistas el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López. Ríos era partidario de abrir expediente disciplinario por falta muy grave de desatención en la tramitación de los procedimientos judiciales al juez Del Olmo, como proponía el Servicio de Inspección. Fuentes del Consejo indicaron que los otros cuatro vocales de la Comisión Disciplinaria no creen que la conducta del juez sea constitutiva de una falta muy grave. Según las fuentes consultadas la desatención sólo está considerada falta muy grave y precisamente en el Congreso se trabaja para que también se pueda castigar como falta grave.

"La apertura de diligencias informativas es un paso previo (..) a fin de valorar la trascendencia del estado de salud y de la situación personal de Del Olmo en el error producido", añadió López, quien especificó que sobre el control de presos y detenidos se ha acordado pedir un informe al secretario del juzgado y al magistrado Félix Degayón. Degayón fue designado en comisión de servicios para hacerse cargo de todos los casos del Juzgado Central de Instrucción número 6 al dedicarse Del Olmo en exclusiva al sumario del 11-M y permaneció allí desde octubre de 2004 hasta el pasado mes de febrero. El portavoz del Consejo aseguró que dichos documentos "serán recabados en un plazo muy breve" e hizo hincapié en que la próxima Comisión Disciplinaria -que se reúne dentro de 15 días- "estará en condiciones de poder valorar toda esta documentación y adoptar ya una decisión definitiva".

La apertura de un expediente disciplinario en el caso de una falta muy grave podría conllevar desde un mes de suspensión hasta tres años, e incluso el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial. Una falta grave supone una multa desde 300 euros hasta 3.000, mientras que una leve conlleva una advertencia o una multa de hasta 300 euros. "Están todas las posibilidades abiertas", manifestó López, quien destacó que la Comisión Disciplinaria "lo que quiere saber es cuál era el estado de salud de Del Olmo para determinar si ha podido tener influencia o no en el error padecido", así como "conocer con mayor precisión la llevanza concreta de los listados de detenidos y presos". López aseguró que cuatro miembros de la Comisión "han entendido que no tenían suficientes elementos de juicio para poder determinar si ya se podía incoar expediente disciplinario o no", decisión que "se tomará cuando se recaben estos documentos".

Además, López aseguró que la Comisión Disciplinaria "siempre ha actuado, actúa y debe actuar bajo el principio de estricta legalidad" y "no estamos -dijo- en una Comisión donde se utilicen criterios de oportunidad como puede ocurrir en otro tipo de Comisiones o incluso en el pleno del Consejo".

Desatención o error de transcripción

En el auto de procesamiento notificado por Del Olmo el pasado mes de abril fijó para el 16 de mayo de este año la comparecencia sobre la prórroga de la prisión provisional de El Harrak, a pesar de que éste había sido detenido el 6 de mayo de 2004, por lo que su prisión debía prorrogarse necesariamente antes de que se cumplieran los dos años desde esa fecha. La juez Teresa Palacios, que sustituyó a Del Olmo cuando éste se dio de baja para someterse a una intervención quirúrgica, advirtió el error el 10 de mayo, pero como el plazo ya había vencido, sin que se hubiera solicitado la prórroga de la prisión, tuvo que ordenar la libertad.

El jefe del Servicio de Inspección del CGPJ, José María Gil Sáez, indica en su informe que la excarcelación "fue debido a una desatención" por parte de Del Olmo, quien ha admitido que fue un error suyo bien de transcripción mecanográfica o de apreciación al comprobar las fechas en el listado informático de presos por el 11-M.