situación de desamparo laboral

La alcaldesa llevará al pleno municipal el problema de las empresas auxiliares de Cádiz

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La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se comprometió ayer con los representantes de las empresas auxiliares de Cádiz a llevar una propuesta a Pleno en la que se proponga tomar un acuerdo instando a la administración central y autonómica a tomar las medidas oportunas para acabar con la situación de desamparo en la que se encuentran estos trabajadores.

El compromiso fue adquirido por la primera edil en el transcurso de la reunión que, acompañada por el teniente de alcalde de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, mantuvo ayer por la tarde con los representantes de la empresa auxiliar. Los trabajadores transmitieron a Martínez su preocupación por la situación de desamparo en la que se encuentran en la actualidad, tras año y medio de vaivenes en el mercado de trabajo de la Bahía, y sufriendo –según dijeron- “las consecuencias de la tercera reconversión aplicada por los socialistas en los astilleros de Cádiz”.

Los trabajadores de las empresas auxiliares solicitaron el apoyo de “la alcaldesa de todos los gaditanos”, dibujando un panorama desalentador en el que “nosotros hemos sido las principales víctimas de la reconversión”. Estos representantes señalaron que las cargas de trabajo prometidas por el Gobierno Central “o no son reales o no están dando la información correcta, porque nosotros seguimos en el paro y sin expectativas de trabajar”.

La alcaldesa indicó a los afectados que ya se habían presentado preguntas parlamentarias sobre la situación en la que quedaría el sector de la industria auxiliar tras la reconversión, respondiendo el gobierno que los trabajadores de las mismas se acogerían a las mimas medidas compensatorias que los trabajadores de Navantia, algo que según los trabajadores que acudieron ayer a la reunión “no se ha producido”.

Los representantes de la empresa auxiliar y Martínez coincidieron en valorar como una “puñalada” el acuerdo adoptado por el Gobierno en el que se limita al 20 por ciento la actividad civil de los astilleros de la Bahía, “lo que va a impedir que aún poniendo a punto la Planta Delta o construyendo una nueva no se pueda acoger a todos aquellos barcos interesados en desgasificar y hacer pequeñas reparaciones”.