Caldera asegura que la reforma de las pensiones garantiza el sistema en veinte años

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que la reforma pactada con las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT garantiza las pensiones «al menos durante los próximos 20 años». A su juicio, se trata de un aval que es «difícil que consigan otros países europeos». Caldera, desde Luxemburgo -donde se celebra un reunión de ministros de Empleo de la UE- recordó que el acuerdo mejora las prestaciones y abre «un periodo de tranquilidad y estabilidad».

El ministro también intentó callar las voces que hablan de una reforma «suave», en relación con la necesitada por el sistema ante el envejecimiento de la población y la ampliación de la esperanza de vida. «De momento, es perfectamente suficiente», dijo.

Los interlocutores todavía barajan, sin definirse, como fechas más factibles para la firma del acuerdo los días 7 u 8 de junio. Lo que sí dan por seguro es que el acto tendrá lugar en el Palacio de La Moncloa, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Excepción

Mientras tanto, se van conociendo nuevos aspectos de la reforma. El acuerdo retrasa de los 60 a los 61 años la jubilación parcial, un plazo que se aplicará de forma gradual. El objetivo perseguido es paliar el coste que esta modalidad de retiro supone para la Seguridad Social. No obstante, el acuerdo mantiene una excepción. Los trabajadores con una antigüedad en la empresa de seis años y 30 cotizados podrán acceder a la jubilación parcial a los 60 años siempre que el empleado que les sustituya disfrute de un contrato fijo a jornada completa.

La jubilación parcial, que data de 2001, fue una de las figuras más tratada en la mesa de negociación. Para los trabajadores supone un retiro adelantado sin penalizaciones y para los empresarios un sustancioso ahorro en costes laborales. La experiencia demuestra que los empleados que solicitan la jubilación parcial disfrutan de salarios elevados y, por lo tanto, sus cotizaciones también son altas; mientras que los que entran para compartir el puesto de trabajo cobran menos y las aportaciones al sistema son más bajas. Este tipo de salida de la empresa se aplica en la actualidad a partir de los 60 años; y afecta, por un lado, a los menores de 65 años y, por otro, a los mayores de esa edad.

En el primero de los supuestos, la jubilación parcial queda vinculada a que su titular suscriba un contrato con jornada reducida y a la existencia de otro de relevo a cubrir por un parado o por un empleado temporal. La fórmula compagina salario y pensión con lo que aumenta el gasto de la Seguridad Social que tiene que adelantar parte de la prestación. Cuando son los mayores de 65 años quienes optan por ella no es necesario el contrato de relevo.

En noviembre de 2005, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, lanzó una voz de alarma. Informó que cada jubilado parcial menor de 65 años cuesta a su Departamento una media de 100.000 euros adicionales. Los sindicatos plantearon en la negociación de la reforma que este gasto saliera de los Presupuestos Generales, puesto que la jubilación parcial es una medida de fomento del empleo, en lugar de las arcas de la Seguridad Social, pero su propuesta no prosperó.