La abultada facturación ficticia de una firma de Carretero destapó el millonario fraude

En marzo del año pasado arrancaban las investigaciones de la Agencia Tributaria para desenmascarar una red de empresas que facturaban actividades ficticias con el fin de obtener importantes beneficios en las desgravaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades. Fueron las irregularidades contables de algunas de estas firmas, las que pusieron sobre aviso a la Hacienda Pública, según aparece relatado en las diligencias de la operación Halcón, a la que tuvo acceso este periódico.

Unas de esas irregularidades más evidentes es que las empresas pantalla que habían sido creadas para engañar al fisco tenían un porcentaje de facturación ficticio cercano al 100%. Además, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera se percataron de que la sede social de varias de estas empresas era la misma, que compartían trabajadores o que en algunos casos no existía ningún empleado que estuviera vinculado a una determinada firma.

Carla Javini S. L.

En las diligencias de esta operación, que en su día fue bautizada en su inicio con el nombre de Humberto, se hace mención a la empresa Carla Javini S. L. como el germen del importante entramado que posteriormente desarrolló el presunto ideólogo de esta organización, Carlos Carretero. En 2001 fue constituida esta firma que debe su nombre a los dos hijos del ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Carla y Javier). Por esas fechas aparece Carretero como simple representante de la entidad, aunque es la única firma autorizada de la cuenta bancaria de Carla Javini S. L. De cara a la galería su posición era secundaria, pero realmente era la única mano con capacidad para manejar los fondos de la empresa.

La razón social de Carla Javini S. L. era el comercio de artículos de marroquinería y similares. Como único socio y administrador aparecía Francisco G. G., y como apoderado Vicente G. G., a ambos se les considera estrechos colaboradores en el entramado delictivo. Aunque la sede de la empresa estaba en Ubrique, la entidad bancaria de la única cuenta de la firma se encontraba en Jerez, muy cerca de la calle Comandante Paz Varela.

Según las investigaciones, en un local del número 3 de dicha calle estaba «la sede organizativa». Los funcionarios que siguieron los pasos del ex jefe de la Policía Local vieron como en repetidas ocasiones llegaba a estas oficinas en su Porche último modelo, y allí se encontraba con otros implicados en la red como Elisa Calvente, José G. G. o Salvador M. V. En las diligencias se describe el comportamiento de «jefe» que mantenía Carretero y como el resto tenía «ante él una actitud de sumisión».

La Agencia Tributaria inició la operación Halcón investigando los entresijos de la empresa Carla Javini S. L., que en el mes de marzo de 2005 era sospechosa de emitir facturas falsas.

Los funcionarios verificaron el cobro de cheques desde 2001 a 2003 y observaron que en el primer año la empresa recibió 30 cheques por un importe total de 275.924,69 euros; en 2002 fueron 46 cheques cobrados por valor de 796.810,46 euros y en 2003 la actividad financiera en este capítulo fue menor, con catorce cheques recibidos por un importe total de 253.641,13 euros.

En el rastreo de sus obligaciones oficiales de cara al fisco, la Agencia Tributaria verificó que en 2001 la empresa declaró ante Hacienda compras por importe de 1.854.642,11 euros y ventas por 1.963.549,43 euros. En cambio, en los siguientes años (hasta 2004 inclusive), Carla Javini S. L. no presentó declaración alguna pese a que se le imputan ventas en 2003 y 2004 que superan los siete y los once millones respectivamente, y no se le encuentra rastro de compras en estos dos años. Quiere decir que la empresa sólo vendía productos, pero no adquiría ningún tipo de material; una ecuación imposible en los negocios.

Otra de las irregularidades detectadas es que no había constancia de que hubiera algún trabajador dado de alta en la Seguridad Social y ni tan siquiera pruebas del pago de salarios. Éste fue el hilo del que tiró la Agencia Tributaria para destapar un fraude que ya supera los 60 millones de euros.

En cuanto a la operación Karlos, prosiguen las detenciones de supuestos beneficiarios de pensiones fraudulentas. La Guardia Civil confirmó ayer a este medio la detención de una mujer en la localidad de Algodonales. La revisión de los distintos expedientes médicos ha detectado otra invalidez otorgada fuera de los cauces legales permitidos. El Instituto Armado arrestó el lunes pasado a Catalina R. B. Las pesquisas han determinado que esta mujer pagó unos 11.000 euros a Carlos Carretero, a quien presuntamente se le considera cabecilla principal de la organización que se dedicaba a suministrar informes falsos o sobredimensionados.

De esta manera, la lista de detenidos en el marco de la operación que desarrolla la Benemérita suma ya 29, a los que hay que añadir los diez imputados.

La no relación de Humberto

Pese a que en los últimos días se había relacionado el nombre de Humberto Janeiro y el de su ex esposa, Carmen Bazán, con el entramado de las pensiones de invalidez, la Guardia Civil desmintió ayer que alguno de los dos estén implicados o hayan sido investigados por su relación con el fraude médico.