El uso de la playa

Quizás deberíamos agradecer al funcionario que, desde su exceso de celo como jefe suplente de Costas, ha provocado una marejadilla política sobre los usos abusivos de nuestras playas. En su defensa hay que decir que, en la mayoría de sus argumentaciones legales, tiene razón. Y en contra suya, decir que la razón se pierde cuando no se pondera lo suficiente la oportunidad y lo que efectivamente puede, en cada caso, realizarse. Las malas costumbres cuestan más de corregir y pretender hacerlo sólo a golpe de resolución es vivir en un mundo sin duda fantástico pero irreal. En todo caso, conviene tener claro que esas normas se han dictado para aplicarse en todo el litoral gaditano y que esas prohibiciones estaban ya en la Ley y el Reglamento de Costas. El que sean para todos excluye que se hayan elaborado expresamente para atacar a nadie, como en seguida declararon concejales populares de Cádiz, en un discurso tan inconsistente que presuponía que esas medidas que recortan o prohíben costumbres más o menos arraigadas entre los gaditanos se dictaban para conseguir más votos. Salvo que se crea firmemente en que a los gaditanos les puede mover un voto masoquista, esa teoría de que se busca obtener beneficio conspirando contra la ciudad es insostenible. ¿Hay razonamiento detrás de algo dicho sin pensar? Lo que es electoralmente inconveniente para un sitio lo es para todos, gobierne quien gobierne. Eso nos lleva a que esa legislación es de aplicación nacional. Cuando se aprobó en 1988 la Ley de Costas para, entre otras cosas, garantizar la calidad y el uso público del mar y sus riberas -estableciendo controles y normas para que eso se cumpliera-, no se estaba pensando en acabar con el crecimiento turístico ni el ocio de nadie sino, al contrario, asegurando que ningún interés particular fuera a agotar en su único provecho esa riqueza de todos. Es una ley aprobada por un gobierno socialista pero mantenida por los distintos gobiernos populares que, en ocho años, sólo la modificaron para adaptar las sanciones al euro y para asumir una sentencia del Constitucional que delimitaba las competencias entre las distintas Administraciones. Cualquier queja ahora contra la aplicación de una legislación que no se consideró necesario cambiar es hipócrita. Las normas están para cumplirlas. Pero hablábamos de razones de oportunidad y de realidad. Algunas prohibiciones de esta norma requieren interpretación. Al permitirse «sólo» las actividades o instalaciones que «por su naturaleza no puedan tener otra ubicación», se deja un margen a la discrecionalidad que, hasta ahora, había sido bastante permisiva, siendo necesario un mayor control. Y, desde luego, algo de responsabilidad, porque con tanto apurar su uso nos arriesgamos a perder la playa para siempre, a degradarla. Miras y sensibilidad que vayan más allá de las elecciones, ciudadanos que exijan para varias generaciones. Hay que recortar barbaridades: ¿No puede tener otra mejor ubicación el cine de verano?, ¿puede sancionar por ruidos el mismo Ayuntamiento que no deja dormir con sus conciertos en la playa?, ¿es lugar la arena para actividades publicitarias de empresas privadas?, ¿hace falta gastar tanta luz? Habría que frenar la urbanización de la playa de Cortadura, especializándola en un turismo que no quiere una playa urbana. Que existe y es numeroso también. Dejemos, eso sí, los chiringuitos en las playas ya urbanizadas.

Ahí Costas se ha excedido tanto como cuando entra a regular los cumpleaños de la mal llamada guardería de playa -en realidad un negocio privado de toboganes-, con un desolador césped artificial sobre la arena, que es como querer llevar a extremos ridículos el mismo modelo de domesticación de la playa. En el Reglamento de Costas se fijan las condiciones de espacio y ocupación de esos establecimientos que dan comida y bebida «al servicio de la playa». En ningún lugar aparece limitación de horario. Si es posible, allí mismo lo dice, pasear, estar o bañarse libremente en esas playas cuando queramos, aunque estén cerrados los módulos municipales, nada impide la existencia de chiringuitos que presten su propio servicio.