Veinte días claves

1.¿Cómo y por qué se destapa esta presunta estafa? La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el pasado 9 de mayo querellas contra las dos sociedades por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. El texto de la fiscalía argumenta tres aspectos principales: existe una estafa de estructura piramidal, consistente en que los ingresos que hacían los nuevos clientes servían para financiar los pagos de los antiguos; ambas sociedades prestan servicios financieros de préstamo (como bancos); y las dos se encuentran en situación de insolvencia. Además, los valores que daban la garantía de esos contratos de compraventa estaban, al parecer, tasados «sumamente» por encima de su importe real en el mercado filatélico, y que estas empresas de bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades, o incluso árboles) no están consideradas entidades financieras, por lo que sus clientes no tienen derecho a suscribir fondos de garantía para proteger sus depósitos y evitar pérdidas o devaluaciones.



2.¿Por qué no se ha detectado hasta ahora, después de 25 años de actividad? El Estado debe tener unas evidencias muy fuertes porque en el caso de equivocarse, las responsabilidades serían desastrosas. El problema es que el desfase patrimonial entre el activo, los bienes propiedad de la empresa, y los pasivos, las posibles reclamaciones de los acreedores frente a la sociedad, alcanzaba unas cotas muy elevadas, en torno a los 3.500 millones de euros (1.100 de Fórum Filatélico y 2.400 de Afinsa, en 2004), y ambas empresas iban a llegar a una situación en que no tendrían capacidad para atender los intereses que prometían.



3.¿Por qué parece que el control público no era suficiente? Estas sociedades no eran consideradas servicios financieros (como la banca, como ahora sí denuncia la Fiscalía), sino simples sociedades de inversión, y el sello es un bien tangible (a diferencia de las acciones) sin regulación en ningún mercado (como la Bolsa o el sector inmobiliario). Esta consideración hace que se rijan por la disposición adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y, como tal, no están controladas directamente por el Ministerio de Hacienda, sino que dependen del Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.



4.¿En qué consiste una estructura piramidal? Es un negocio defraudatorio basado en la captación de ahorro masivo y sustentado en las aportaciones de los clientes: los que aportan menos son más numerosos y sirven para financiar los intereses de los que aportan más cuantía. El problema es que cuando se colapsan conllevan la caída completa de toda la pirámide porque no se puede entregar lo prometido, según explicó a este periódico el delegado de Adicae en la provincia de Cádiz, Luis García. «Es una cadena continua y nunca tiene final, sólo hay dos posibilidades: que el negocio colapse por impagos o que siga indefinidamente y cada vez con mayor diferencia entre el activo y el pasivo». Este tipo de estafa de bienes tangibles no es la primera en España. Otros casos anteriores fueron los del Banco Filatélico, denunciado en el año 2000, pero en el que los administradores desaparecieron y la querella del caso, llamado Banfisa, sigue en marcha; y Sofico, el mayor escándalo de corrupción durante la Dictadura de Franco. En los países del Este está mucho más extendida.



5.¿Quiénes están detenidos y en qué punto se encuentra el proceso judicial? Hasta el momento hay diez personas detenidas y, de momento, nueve encarcelados en lo que se considera la fase de instrucción. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado prisión provisional sin fianza para los cinco arrestados relacionados con Afinsa: el presidente de honor y propietario del 50% de la sociedad, el portugués Albertino de Figueiredo; el presidente del consejo de administración, Juan Antonio Cano Cuevas; los consejeros Vicente Martín Peña y Carlos de Figueiredo, y Francisco Guijarro, proveedor de sellos para la empresa. Además, el juez Fernando Grande-Marlaska decretó prisión a cuatro directivos del Fórum Filatélico: su presidente, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Ángel Hijón, Francisco López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez, mientras que el director general, Antonio Merino, se encuentra en libertad con cargos bajo fianza de 100.000 euros. Además, en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, se han abierto dos procedimientos de quiebra a instancia de varios acreedores.

Los dos procesos abiertos llevarán a que, próximamente, se nombren administradores judiciales de acuerdo con la Ley Concursal, que son un técnico o un inspector de Hacienda, un abogado y un economista, que administrarán las sociedades en el tiempo que dure la quiebra. El final de este procedimiento tiene dos formas: el convenio o la liquidación de la sociedad. El primero es el acuerdo de todos los acreedores para cobrar las deudas y el segundo es la liquidación y subasta de bienes para el posterior pago a acreedores en la forma y cantidad que se pueda afrontar. La primera fórmula es la preferible, según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, porque pretende cambiar el orden de acreedores de acuerdo con el Gobierno, de forma que los clientes sean los primeros en recibir las devoluciones.



6.¿Cómo se está atendiendo a los afectados? La primera decisión fue organizar en la Audiencia Nacional una oficina judicial única para recabar todos los datos de los afectados, ordenarlos y tramitarlos para reconocer quiénes son los perjudicados desde el punto de vista de las responsabilidades civiles y penales.



7.¿Cómo y qué se puede reclamar? El Gobierno ha aconsejado la acusación popular porque es más rápida y efectiva a través de las plataformas impulsadas por las organizaciones de defensa de los consumidores que integran el Consejo nacional, que serán las encargadas de tramitar e informar de la evolución del caso a los perjudicados: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Federación de Usuarios-Consumidores Independientes, Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, Asociación de Usuarios de la Comunicación, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España, Confederación de Consumidores y Vecinos, Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Asociación General de Consumidores, Confederación de Consumidores y Usuarios y Unión de Consumidores de España. Para sufragar la fase de información y asesoramiento legal estas entidades han recibido del Gobierno dos millones de euros, lo que garantiza que el proceso sea totalmente gratuito para los afectados. Además, el Congreso también ha aprobado medidas de apoyo, como anticipos a cuenta de los reembolsos que dictamine la Justicia, y se ha comprometido a dar complementos a las pensiones mínimas (menores de 530 euros mensuales). Y la cantidad que se debe reclamar es la aportada para adquirir el bien tangible, sin los intereses, y en caso de fallo favorable, se exigirán estas cantidades, junto a los intereses de demora y el pago de las costas procesales.





8.Afinsa y los propios empleados aseguran que podrían seguir funcionando y que disponen de 3.000 millones de euros para hacer frente a las inversiones de los clientes. ¿Es verdad? Según Adicae, es una estrategia de intoxicación. Es totalmente falso que puedan devolver las cantidades porque aumentarían más el desfase patrimonial y estaría abocado al fracaso.



9.¿Es posible que los empleados no tuvieran constancia? Sí. El tipo de estructura, que era la clásica de venta directa, con jefes de equipo y comerciales, permitía que desconocieran las sobrevaloraciones y el procedimiento de negocio. En la provincia de Cádiz, la mayoría de trabajadores incluso tenía inversiones en las compañías y son unos afectados más.



10.¿Cuántas solicitudes de adhesión a la plataforma tiene Adicae en la provincia y cuántos años durará el proceso? Esta asociación, que ha encabezado las reuniones de afectados en Cádiz, tiene en su poder ya más de 400 solicitudes y a sus cinco encuentros han asistido ya 1.500 personas. El procedimiento se alargará durante años porque, además, la estrategia de la defensa de los inculpados prevé ser dilatoria a través de sucesivos recursos a cada fallo.