Grande-Marlaska amplía la imputación contra Otegi y le acusa de «amenazas terroristas»

El juez Fernando Grande-Marlaska imputó ayer a Arnaldo Otegi y a los principales líderes de Batasuna un delito de amenazas terroristas por considerar que chantajean al Estado y a la sociedad con el hipotético retorno de los asesinatos de ETA si no se abre de inmediato una negociación política o si la Audiencia Nacional decide la próxima semana encarcelar a ocho miembros de la nueva mesa nacional.

Grande-Marlaska amplió con este delito de amenazas terroristas las imputaciones -pertenencia a banda armada y otros- que pesan sobre los ocho miembros de la nueva mesa nacional de Batasuna que están citados a declarar en la Audiencia Nacional el miércoles y jueves próximos por la elección clandestina, en marzo pasado, de los nuevos miembros del máximo órgano de dirección del partido ilegalizado.

Reiteración delictiva

El magistrado tiene previsto determinar si Otegi, Rufino Etxebarria, Karmelo Landa, Jon Gorrotxategi, Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena y Joseba Álvarez incurrieron en una reiteración delictiva al violar, con la renovación de la mesa nacional, el auto de suspensión total de actividades de la formación por espacio de dos años, dictado en enero pasado por el instructor del sumario Batasuna.

El magistrado considera en el auto dictado ayer que, además, las últimas intervenciones públicas de los portavoces de Batasuna -la rueda de prensa de Otegi el miércoles y la entrevista radiofónica de Permach el jueves-, puestas en relación con la entrevista con la cúpula de ETA publicada hace doce días por Gara, demuestran que el frente político y el militar de la banda mantienen una estrategia conjunta, «tratando de hacer depender una concreta y alegada situación de ausencia de violencia y de otras conductas criminales de un concreto comportamiento de contrario por parte de los poderes legítimos del Estado».

Grande-Marlaska, por tanto, amplía la imputación a los ocho dirigentes a las amenazas de carácter terrorista porque cree que ETA-Batasuna chantajea con romper el «alto el fuego permanente» iniciado el 24 de marzo si el Gobierno no cede a sus exigencias. El auto concluye que las declaraciones de la cúpula del partido ilegalizado «hacen depender explícitamente el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones».

La decisión del juez resuelve un problema de técnica jurídica. En la práctica, es difícil exigir responsabilidades penales a los ocho imputados por la designación de una «comisión negociadora» de seis miembros para participar en una hipotética mesa de partidos, algo que no es ilegal. Pero sí puede hacerse si esa iniciativa se aborda como actuación de un partido ilegalizado y se pone en relación con la declaraciones (amenazas) públicas de Otegi y Permach de esta semana sobre el «bloqueo» y «colapso» que sufrirá el proceso de paz en el caso de que no se acepten sus exigencias, que son el inicio de la negociación política y el fin de la persecución judicial a Batasuna.

Solicitan cárcel

Las comparecencias de la semana próxima pondrán de nuevo al magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 ante la disyuntiva de encarcelar o no a Otegi y al resto de los procesados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no parece tener claro si cabe modificar la situación de libertad provisional o bajo fianza de los imputados, pero las dos acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ)- anunciaron que pedirán al juez el encarcelamiento de Otegi y el de buena parte del resto de los dirigentes citados.

El abogado de DyJ pidió también al magistrado que amplíe la imputación y cite a declarar en los próximos días al resto de los miembros de la nueva mesa nacional, compuesta de unas 33 personas, que fueron elegidos de forma clandestina el 16 de marzo en una discoteca de Vergara (Guipúzcoa).

El juez, a petición del fiscal, sólo citó a declarar por estos hechos a los ocho miembros de la nueva cúpula de Batasuna que ya estaban procesados en el sumario, por entender que ellos sabían de forma «fehaciente» que con su actuación violaban la orden de suspensión de actividades, cosa que no le constaba del resto.