La Guardia Civil concluye la segunda fase de la 'operación Karlos' con 28 detenidos

Las investigaciones sobre las tramas de las facturas falsas y de los informes médicos de invalidez siguen un camino paralelo desde que nacieran las primeras diligencias remitidas al juzgado de Instrucción nº2 de Jerez. El pasado martes era la Agencia Tributaria la que rompía el silencio oficial y confirmaba el arresto de 19 personas en el transcurso de unas pesquisas que siguen abiertas. Por su parte, la Guardia Civil, responsable del desarrollo de la operación Karlos, dará un comunicado oficial hoy o mañana sobre la evolución de sus propias investigaciones.

Así lo confirmó ayer el subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo, quien adelantó a los medios de comunicación, en el transcurso de una rueda de prensa, «la inminente» apertura del secreto de sumario y, por tanto, será en ese momento cuando el Instituto Armado ofrezca detalles de unas pesquisas que se han intentado guardar en secreto sin éxito.

Este periódico pudo saber que el juez responsable del nº1 de Cádiz iba a decretar el levantamiento del secreto de las diligencias entre hoy y mañana, tras tomarle declaración a los últimos implicados.

El balance provisional de detenidos durante las actuaciones policiales se ha cerrado en la cifra de 28 personas arrestadas, según explicaron a este medio fuentes cercanas a la investigación. Este dato no es definitivo puesto que el equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz aún no ha dado por terminado el operativo y es probable que se produzcan nuevas detenciones.

La operación Karlos se ha desarrollado en dos fases. En la primera fueron apresadas diez personas, entre las que se encontraba uno de los dos presuntos cabecillas del entramado, el inspector de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI), Francisco C. P. L. Este facultativo, que sigue en prisión desde que fue enviado por el juez, es señalado por la Guardia Civil como la mano derecha del supuesto creador de la trama fraudulenta, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero.

Doble imputación

El antiguo funcionario municipal no fue apresado porque ya estaba en la cárcel cuando la Guardia Civil inició la primera fase de explotación del operativo. Carretero no sólo se enfrenta a las imputaciones que le hace la Agencia Tributaria como cabecilla de la organización que surtía de facturas falsas a empresarios, sino también se le considera artífice del plan para falsear informes médicos con el fin de obtener pensiones de invalidez para sus clientes.

De médicos

Entre los diez primeros detenidos, había varios médicos que trabajan para el Servicio Andaluz de Salud y en una mutua. A estos profesionales se les vincula a la operación por su presunta participación en el maquillaje de los certificados. También fueron apresados varios supuestos beneficiarios como la secretaria del concejal de Urbanismo en Jerez, Pedro Pacheco, o la mujer de Jesulín de Ubrique, a quien se le acusa de haber pagado hasta 18.000 euros por la pensión de su madre.

En este punto de las investigaciones, la Guardia Civil confirmaba que los clientes de la red tejida presuntamente por Carretero llegaron a pagar hasta 24.000 euros por obtener una renta de por vida sin tener ninguna minusvalía. Incluso el fraude se cometió con personas que realmente reunían las características para obtener la baja, pero fueron desinformados por los cabecillas de la organización para que utilizaran un camino alternativo con coste añadido.

Ya en la segunda fase, los investigadores se han centrado en revisar los distintos expedientes que había supervisado Francisco C. P. L., por cuyas manos pasaban de media cada año unos 2.500 informes médicos. Con esa información, los agentes han detenido e imputado durante esta etapa a presuntos beneficiarios y a algunos médicos que pudieron haber hecho la vista gorda. En total, 18 personas más tal y como esta previsto al principio de la operación.