El Estatuto del Empleado Público vincula el salario del funcionario a la productividad

Sistema retributivo vinculado a la productividad, derecho a la negociación colectiva, desarrollo de una auténtica carrera profesional, posibilidad de convertir 650.000 plazas temporales en indefinidas y jurados técnicos y profesionales para las pruebas de acceso son algunos de los principios recogidos en el borrador de Estatuto Básico del Empleado Público acordado ayer entre Gobierno, CC OO, UGT y CSIF. La norma, asignatura pendiente de la democracia, afecta a 2,5 millones de trabajadores. Deja fuera de su cobertura a los colectivos que se rigen por leyes orgánicas como Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad o Administración de Justicia, y a otros muy singulares como notarios o registradores de la Propiedad.

El documento «tiene todavía un largo recorrido» en palabras del titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien prevé su entrada en vigor a principios de 2007. Los pasos a seguir se resumen en obtener el visto bueno del Gobierno, negociarlo con las comunidades y con los ayuntamientos y llevarlo al Parlamento. «El resultado final no se diferenciará mucho del acordado hoy», dijo el ministro.

No es la primera vez que Gobierno y sindicatos pactan un borrador. En 1998, cuando Ángel Acebes ocupaba la cartera ministerial, hubo otro borrador consensuado. Sin embargo, no prosperó.

Penalizaciones

Sevilla insistió en que el Estatuto de ahora garantizará «el disfrute y cumplimiento, entre todos los empleados públicos de las distintas administraciones, de unos derechos y deberes comunes». Así, la norma convertirá «la función pública en eficaz, objetiva e imparcial, regida por la profesionalidad». Reconoció que «marca objetivos a los empleados públicos y mide su cumplimiento para lo bueno y lo malo», es decir, habrá penalizaciones por bajo rendimiento y «sueldos más dignos para el mejor desempeño».

También destacó que el Estatuto, pese a establecer un mínimo común, no interfiere en las competencias de las comunidades y de los ayuntamientos. Así, las autonomías fijarán las retribuciones específicas del puesto de trabajo de sus funcionarios. Igualmente evaluarán el interés, la iniciativa o el esfuerzo de sus empleados.

Una de las reivindicaciones que los sindicatos se han visto obligados a retirar es la de su participación en los órganos de selección y contratación de personal. No obstante, los representantes de las tres centrales se mostraron muy satisfechos. Julio Lacuerda, de UGT, resaltó que mejorará la calidad de las colocaciones públicas. Explicó que más de 650.000 eventuales se convertirán en indefinidos. Fuentes del Ministerio aclararon que no se trata de personas sino de empleos e informaron que las administraciones que se nieguen a convocar exámenes para convertir las plazas temporales en fijas tendrán que pagar antigüedad a los trabajadores que las ocupan.

Para Enrique Fossoul, de CC OO, el avance más importante es «haber conseguido que los empleados públicos tengan derecho a la negociación colectiva». Por último, Ángel Lozano, de CSIF, señaló que el Estatuto «cumple un mandato constitucional y recoge una serie de conquistas sociales, como las pagas extraordinarias completas».