La polémica liquidación de la Librería Alternativa llega a lo Penal

La sala de lo Penal número 1 de Jerez acogió ayer un capítulo más de la polémica liquidación de la conocida como Librería Alternativa. Uno de los trabajadores de la empresa, M. A. A, considera que el por entonces liquidador de la sociedad, J. L. C. D. S, que actualmente ejerce un alto cargo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, cometió un presunto delito de alzamiento de bienes, tal y como trató de demostrar la acusación particular en el juicio celebrado ayer y EN el que estaba citado como testigo, entre otros, Juan Manuel García-Bermúdez, coordinador del Área de Economía y Hacienda y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez.

Por ello solicitó para el acusado una condena de cuatro años de cárcel, además de una indemnización de 31.432 euros. La acusación mantuvo la tesis de que J. L. C. D. S, a pesar de haber ingresado para la sociedad unos diez millones de pesetas con posterioridad a la declaración de suspensión de pagos, satisfizo parte de la deuda que se mantenía con dos de los trabajadores de la librería, pero no la del demandante.

Además, recalcó que el acusado «había eludido en numerosas ocasiones» los requerimientos del juzgado para que depositara en instancias judiciales parte de las cantidades debidas. La defensa, por su parte, argumentó que el proceso de liquidación se había realizado en todo momento de manera transparente, y que los trabajadores cobraron parte del dinero que se les debía porque «habían llegado a un acuerdo aceptable con la sociedad, mientras que el demandante se negó en redondo a negociar».

J. L. C. D. S. insistió durante su declaración en que había estado en todo momento asesorado por la abogada de la sociedad, además de «por dos interventores judiciales», y en que se le había facilitado al juzgado toda la información «en el tiempo y la forma adecuados».

Además, reseñó que «el total del dinero procedente de la venta de los muebles y de los libros se destinó a abonar los préstamos y deudas que mantenía la sociedad», motivo por el que la Fiscalía también solicitó la absolutoria para el acusado.