Acuerdo histórico en Jerez para dignificar el empleo doméstico

Mujer, inmigrante «sin papeles», con importantes cargas familiares y una renta económica muy precaria: ese es el perfil prototípico de la empleada de hogar en Jerez. Desconoce en qué consiste un contrato, cobra un fijo al mes sin importar las horas que trabaje y, salvo contadas excepciones, libra un único día a la semana. Ningún marco normativo regula su tarea, ningún código determina sus derechos y no hay ningún convenio legal aplicable a un colectivo que, por ahora, integra al mayor número de mujeres inmigrantes de la ciudad.

Dependen, casi por completo, de la «bondad» y del «calado moral» de quien las «emplea», aunque sea mediante un interesado compromiso verbal.

Para acabar con este vacío «insostenible», cuatro entidades jerezanas, referentes en la defensa de los derechos de los desfavorecidos, han acordado un protocolo de actuación que determina las condiciones laborales con las que debe contratarse a las empleadas inscritas en sus respectivas bolsas de trabajo. Ceain, Cáritas Diocesana, la Coordinadora de Fundación Secretariado Gitano y el comedor social de El Salvador se han unido para dar un «primer paso sólido y contundente» que permita la dignificación profesional de este colectivo tradicionalmente «desamparado por las administraciones».

Este acuerdo «de mínimos» marca objetivos que, en principio, pueden considerarse obvios y superados para la mayoría, pero que constituyen auténticos logros históricos en el ámbito de las empleadas del hogar: contrato regulado por el estatuto de los trabajadores, cotización obligatoria a la seguridad social, jornada de 40 horas semanales, y una remuneración mínima de 660 euros, horas extras, fines de semana y festivos aparte.

Albert Bitoden, presidente de Ceain, resumía la problemática en los siguientes términos: «Primero, hay quien se aprovecha de la situación de irregularidad de gente que viene de fuera y necesita un empleo por una pura cuestión de supervivencia; y después, cuando hablamos de personas regularizadas, se les ofrece condiciones que rozan lo ridículo». José Manuel Jiménez, responsable local de Cáritas, entiende que sólo caben dos opciones: «Obligar a la sociedad jerezana a reconocer que existe un colectivo enorme, prácticamente incuantificable, puesto que en muchas ocasiones se mueve en un marco de economía sumergida, que resulta invisible para las instituciones, o seguir mirando hacia otro lado, de espaldas a la dura realidad de estas personas explotadas».

También es una práctica comúnmente extendida que las empleadas del hogar, además de realizar todas las tareas domésticas de la casa, deban hacerse cargo del cuidado de personas mayores o enfermas, aunque «no tengan la cualificación profesional para ello, y no se les remunere como se merecen».

Para evitarlo, los colectivos firmantes han aprobado una doble línea de actuación: primero, se impartirán cursos especializados, destinados a «profesionalizar» a los trabajadores que desarrollan esta labor; y, a la vez, se iniciará una campaña de concienciación destinada específicamente «a los que demandan estos servicios, para que sean conscientes de cuáles son los derechos y los deberes de sus empleados». Por otra parte, se pretende hacer presión a la administración para que «actualice» el Real Decreto de 1985 que todavía regula el sector.