Los principales escollos

Los cuatro partidos con representación en el Parlamento de Andalucía, y que han contado con miembros en la ponencia sobre la reforma del Estatuto andaluz, llevan casi dos años debatiendo sin poder alcanzar un acuerdo general sobre el texto. Hay escollos que han ido creciendo con el paso de los meses y que, en las últimas semanas, se han presentado como obstáculos insalvables.

Más de un cuarto siglo después de que Andalucía se constituyera en Comunidad Autónoma, aún se polemiza sobre su definición. La reforma propuesta dice, en su Artículo 1, que Andalucía es una nacionalidad histórica. Esta definición no es, en realidad, ninguna novedad. Ya consta en el denominado Estatuto de Carmona -aprobado en 1981- y que permanecerá vigente hasta que se apruebe el nuevo de forma definitiva -febrero de 2007-. La expresión que ha dividido a los cuatro grupos se incluye en el Preámbulo y fue una fórmula introducida por el PSOE para, precisamente, acercar posturas con los que querían dibujar a Andalucía como una nación -IU y PA- y con el PP, contrario a todo lo que sonase distinto a una España indisoluble. Se trata de la famosa «realidad nacional», que al final sólo ha gustado como opción menos mala- a la coalición de izquierdas.

Competencias

Cuando la tormenta sobre este punto había amainado, arreció otra con renovada fuerza. Andalucía quiere el control del a Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir -un organismo que tiene un presupuesto anual superior al de varias consejerías- y que gestiona el suministro de agua de más de tres millones de andaluces. El Guadalquivir nace, muere y discurre íntegramente por territorio andaluz. Tan sólo un diez por ciento del resto de la cuenca -afluentes y un pantano- se halla fuera de sus fronteras. Los presidentes autonómicos de Murcia y Extremadura pusieron su grito en el cielo, pero Manuel Chaves ya les ha calmado: Tendrán representación en el nuevo órgano.

Y todo eso sin que se haya examinado la aspiración andaluza de tener voz y voto en la dirección de los ocho puertos marítimos de interés general y en los aeropuertos internacionales -Málaga, Sevilla, Jerez y Granada, especialmente-.

El Estatuto andaluz sí podría sufrir alguna rebaja en este apartado. Es cierto que propone fórmulas de control conjunta con el Estado, pero el Congreso rechazó una pretensión similar del Parlamento de Cataluña sobre el aeropuerto de Barcelona. Pero la cuestión se complica, porque no hay dos grupos homogéneos en la discusión. Aunque PSOE e IU hayan sacado adelante la reforma en Andalucía, la coalición de izquierdas quiere avanzar más en algunos capítulos de derechos sociales y, sobre todo, en la cuestión de la reforma agraria.

En el otro bando pasa lo mismo. El PP desea reducir algunos de estos logros, porque entiende que son inconstitucionales e insistir en que no puede haber ninguna otra realidad nacional que no sea España. El PA, por su parte, opina que esta reforma se queda muy corta en relación con la catalana, lo que relegaría a Andalucía a un segundo nivel.