Sólo el 8 % de los residuos sólidos de construcción y los escombros que se generan en la Bahía son reciclados

El dato habla por sí sólo. En la Bahía no se recicla gran parte de las enormes cantidades de residuos de construcción y demolición que se generan cada año y que se cifran en más de 352.000 toneladas anuales. Estos datos son aportados por Arantxa García Jiménez, gerente de la única firma de reciclado de escombros y material de desecho que existe en la zona, y que se ubica en Chiclana.

García Jiménez, desde su responsabilidad al frente de la empresa Inte-RCD Bahía, asegura que «cada habitante de esta parte de la provincia genera aproximadamente una tonelada de residuos de construcción al año», de las cuales sólo 28.076 llegaron para ser recicladas desde la puesta en funcionamiento de la planta en el mes de junio de 2005.

De esas 28.076 toneladas recibidas, la gerente de Inte-RCD Bahía asegura que se ha conseguido «dar salida a 10.920 toneladas» de materiales como arena o grava; resultantes todos ellos de un largo proceso de separación magnética, machacado, triaje manual y precribado de los distintos tipos de materiales que recibe la planta y que se clasifican en tres categorías: los residuos mixtos, los de construcción y demolición limpios y las tierras.

Entre los residuos que llegan a la planta autorizada procedentes de Chiclana, San Fernando, Cádiz, Puerto Real, Medina o Conil hay hormigones, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, vidrios, tierras o hierros salidos de obras de nueva construcción o derribos.

Nueva legislación

Estos datos, que ha hecho públicos la gerente de Inte-RCD Bahía durante las Jornadas de Construcción y Medio Ambiente que tuvieron lugar en Novo Sancti Petri, destacan además el elevado nivel de reutilización que tienen estos desechos de construcción como nuevos materiales de obra.

Al respecto, y para mejorar ese porcentaje de apenas el 10% de los residuos de construcción y demolición que llegan a la planta de reciclaje, las administraciones locales deberán ponerse a trabajar para hacer cumplir la nueva legislación autonómica y estatal que entrará en vigor el año próximo.

En concreto, el GICA, o lo que es lo mismo, la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, será el instrumento que ponga en marcha la Junta de Andalucía, mientras el Gobierno Central articula un Real Decreto que regulará los residuos de la construcción a partir de enero del año 2007.

Las administraciones locales también tendrán mucho que decir y algunas obligarán a los promotores y constructores (que son los responsables últimos de la gestión de los residuos de construcción que genera su actividad) a pagar una fianza económica en el momento de que les sea concedida la licencia de obra o autorización de derribo.

Su cuantía les será devuelta cuando éstos entreguen un certificado a la Gerencia de Urbanismo correspondiente que demuestre el correcto tratamiento de los desechos en plantas especializadas y agentes autorizados.

Para determinar cuánto deben pagar, se aplicará un baremo compuesto por varios conceptos distintos como son la superficie en metros cuadrados de la obra, si es una actuación de derribo o nueva construcción, entre otros detalles de la planificación.