Guerra de nervios con las pensiones

A media tarde de ayer algunas agencias difundían la noticia de que sindicatos, patronal y Gobierno habían alcanzado un preacuerdo para la reforma de las pensiones. En menos que canta un videoclip, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lo desmintió diciendo que todavía quedan pendientes reuniones, y el secretario general de Comisiones Obreras aseguró que desconocía por qué se había producido la noticia.

Según el borrador que se discute, la reforma eleva el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación desde los 4.700 días, algo menos de trece años que se exigen en la actualidad, hasta los 5.475 días, quince años. También sube hasta los 61 años la edad efectiva para poder acogerse a la jubilación parcial y se desincentiva la jubilación anticipada, aplicando un coeficiente reductor del 7,5 por ciento por cada año que falte para los 65.

La edad de jubilación se ha convertido en la bestia negra de la reforma de las pensiones. Porque cada año de retraso de la edad legal de jubilación proporciona a la Seguridad Social un respiro financiero de casi 6.000 millones de euros. Las previsiones de ingresos están congeladas a partir de 2015, porque es muy difícil estimar la evolución de la población y del número de activos capaces de sostener a los pasivos. Pero las estimaciones sobre el gasto alcanzan hasta el año 2040, ya que es fácil cuantificar el número de personas que se jubilarán dentro de 30 años. Ahí se ve que el futuro es inquietante.

Desde la Cumbre de Lisboa, los países miembros de la UE están comprometidos a retrasar de forma efectiva la edad de jubilación antes de 2010, lo que la llevaría a los 65 años desde la media actual de 59,9. Así que, además del enojoso problema del acuerdo sobre la edad -y otros que lo envuelven para disimular- queda el impolítico asunto de decidir quién comunica a los trabajadores y votantes que van a tener que trabajar más años para tener derecho a una pensión.