La acusación pide «una sentencia ejemplar» para el presunto conductor homicida

El abogado de la acusación particular, Lauro Gandul, pidió ayer una «condena ejemplar» para A. B. C, conductor del vehículo que chocó frontalmente contra el coche de un joven en la A-380 la noche del 11 de abril de 2003, y que varias horas después del accidente mantenía una tasa de alcohol en sangre de 1,25 gramos por litro.

Al juicio, celebrado ayer en instancias del juzgado de lo Penal número 1 de Jerez, asistieron numerosos familiares y amigos del fallecido, que escucharon al acusado reconocer abiertamente que «se había tomado un par de whiskys cortos, con agua», después de participar en la manifestación contra la guerra de Irak que se había celebrado ese mismo día en Cádiz.

La defensa solicitó la absolución del presunto homicida y la fiscal pidió una pena de dos años y cinco meses de cárcel, además de la privación del carné de conducir durante tres años. A. B. C afirmó no haberse encontrado «en malas condiciones» para coger su coche tras tomar «unas copas» en la sede del sindicato UGT en Cádiz, por lo que «decidió acercar» a un «compañero» hasta Arcos de la Frontera, tras lo cual se dirigió a Villamartín para «recoger unos documentos». No obstante, el acusado no facilitó la identidad de ese posible testigo, que podría haber prestado un testimonio esencial a la hora de conocer cuánto alcohol había ingerido el conductor que presuntamente provocó el accidente al invadir el carril contrario, por el que conducía el joven fallecido. «Lo único que recuerdo es una luz y luego un golpe, y después ya me encontraba en el Hospital». El acusado tampoco especificó por qué no había frenado, y se contradijo en numerosas ocasiones sobre la posible velocidad a la que circulaba. Primero afirmó no ir a más de 60 ó 70 kilómetros por hora, aunque después se corrigió y reconoció que «quizá fueran 90 kilómetros por hora».

En cualquier caso, uno de los guardias civiles que elaboró el atestado del accidente y el informe posterior de la forense coindicen a la hora de señalar que el choque tuvo que ser «terrible», puesto que la muerte del joven no se produjo por lesiones externas, sino por «asfixia, probablemente por el desplazamiento de órganos interiores, como el cerebro y la caja torácica, al sufrir un impacto muy fuerte».

La fiscal, en sus conclusiones, destacó que «el individuo debía de haber ingerido grandes cantidades de alcohol, puesto que varias horas después de que se tomara la última copa, según su propio testimonio, todavía presentaba una tasa alta de alcohol en sangre», y recurrió al atestado para confirmar que «no podía ir a una velocidad moderada», por lo que actuó «de forma imprudente y manifiestamente peligrosa».

La acusación particular fue más allá y dijo que «estaba absolutamente borracho» y que «no muestra ningún síntoma de arrepentimiento», ya que durante el juicio no había estado «ni nervioso», motivo por el que solicitó la «pena máxima», estipulada en cuatro años. Además, recalcó la necesidad de que «la justicia acabe con la sensación de impunidad que se está extendiendo en nuestra sociedad en relación a conductores que beben y que ocasionan con su actitud muertes de inocentes, porque nadie va a devolver a J.M a sus familiares».

El padre del fallecido, que no quiso entrar en la sala, manifestó sentirse «inundado de una gran impotencia y de dolor», porque «se segó en un segundo la vida de un joven de 31 años, con una novia y un gran futuro por delante». Emilio Díaz se limitó a pedir «justicia», aunque añadió «tener perdida la esperanza».