Ibarra amenaza con acudir al Constitucional si el Estatuto blinda el Guadalquivir

La aspiración andaluza de gestionar la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) gana un nuevo e inesperado detractor. El socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, se une a sus homólogos de Murcia y Valencia -ambos del Partido Popular- en cuestionar la legitimidad del Estatuto andaluz para atribuirse el control del Guadalquivir, río que discurre en su totalidad por Andalucía, aunque un 10 por ciento de su cuenca lo hace en tierras de las autónomas de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Pero Rodríguez Ibarra ha ido más allá del mero reproche político: Anuncia que si las Cortes Generales dan el visto bueno al articulado andaluz sin modificar este artículo, el Gobierno extremeño estudiará presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Que dos presidentes autonómicos del PP le echen a Manuel Chaves un pulso sobre este asunto, se puede conjugar dentro de la habitual dialéctica de enfrentamiento entre socialistas y populares. Pero en esta ocasión se trata de un presidente del PSOE. Rodríguez Ibarra -que acostumbra a protagonizar este tipo de demarrajes- ha sido contundente a la ahora de definir la pretensión andaluza: «Es un disparate mayúsculo», dijo. «Y que desde luego pediré apoyo a esta Cámara para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz si se aprueba en esos términos, porque nosotros tenemos 1.200 kilómetros de cuenca del Guadalquivir en Extremadura. Y siempre hemos dicho que todo aquello que tenga paso por distintos territorios es una competencia indeclinable y exclusiva del Gobierno central», agregó.

El recital ofrecido por Ibarra en el transcurso de un pleno de la Junta de Extremadura fue más allá en sus comentarios sobre las reformas territoriales emprendidas en España. Asegura que votó a favor del Estatut de Cataluña por disciplina de partido. Eso sí, también puso en tela de juicio los articulados balear y valenciano, ambos ideados por gobiernos del Partido Popular.

Las reacciones fueron inmediatas y, en algunos casos, contundentes. Por un lado, el consejero andaluz de Presidencia, gaspar Zarrías, estuvo, sin embargo, más conciliador que ante otras críticas exteriores dirigidas al Estatuto andaluz.

Irrenunciable

Zarrías y el Gobierno andaluz, insisten en que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es irrenunciable para Andalucía pero que, a partir de esa premisa, se pueden arbitrar fórmulas que contenten a las otras tres regiones con intereses minoritarios en esta cuenca.

En cualquier caso, duda de que el Ejecutivo extremeño ejecute el anunciado recurso. Sólo bastará, a juicio del titular de Presidencia, que el Gobierno que preside Ibarra estudie con detenimiento el contenido. La Junta insiste en que este traspaso de competencias sobre el Guadalquivir es posible, deseable, constitucional y perfectamente compatible con las aspiraciones de otras comunidades autónomas.

Río revuelto

Por su parte, el PP aprovecha este río revuelto para incidir en que el Estatuto de Andalucía, y critica que además de no ser un Estatuto de consenso entre todas las fuerzas políticas andaluzas, está enfrentado a Andalucía con otras comunidades autónomas como son el caso de Murcia y Extremadura. Por este motivo, el secretario general del PP-A, Juan Ignacio Zoido, entiende que el Manuel Chaves comete una grave irresponsabilidad al reclamar el Guadalquivir. Critica al presidente andaluz porque es capaz de formular iniciativas que atentan contra Murcia y Extremadura, mientras que permite todos los excesos insolidarios del Estatuto de Cataluña.

Izquierda Unida, por su parte, confía en que el PSOE desautorize de manera clara a Rodríguez Ibarra y a otros dirigentes socialistas que estarían torpedeando el articulado andaluz, según Concha Gutiérrez, portavoz del IUCA en el Parlamento andaluz.

Por último, Julián Álvarez, secretario general del PA, atribuye este episodio como un montaje del PSOE que tendría como objetivo salvar la cara al fracaso estatutario del presidente Chaves.