diez detenidos hasta el momento

Rajoy desvincula al PP de las detenciones por prevaricación en la Diputación de Lugo

El presidente lucense considera un "montaje" la operación de registro porque "hace meses" que la Fiscalía tiene la información que requirió

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El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha considerado hoy que las detenciones relacionadas con la Diputación de Lugo no afectan a su partido y ha señalado que, a su juicio, "empieza a ser muy raro" que coincidan en el tiempo operaciones como la ya citada, la de 'Terra Mítica' u otras emprendidas en Murcia y ligadas al urbanismo. Rajoy se pronunciaba así en conversación informal con los periodistas en la localidad madrileña de Coslada, donde acudió esta mañana junto a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, para visitar las obras de construcción de metro y pasear por la zona comercial. Después, ha comparecido ante la prensa para referirse fundamentalmente a dos temas: El 'caso Bono', la campaña del referéndum sobre el Estatut catalán y las medidas a tomar contra el lema elegido por los socialistas, 'El PP usará tu 'no' contra Cataluña'.

Ya sin grabadoras ni cámaras, Rajoy ha mantenido una conversación con los periodistas en la que fue preguntado por las detenciones asociadas a un supuesto fraude en la adjudicación de obras en la Diputación de Lugo, cuyo presidente es el popular Francisco Cacharro. El líder del PP ha subrayado que los detenidos son funcionarios y restó importancia a la repercusión que puedan tener para los populares. No obstante, ha señalado que ya son "demasiadas cosas", una "detrás de otra" las que se están sucediendo en las últimas semanas. En este contexto, ha aclarado que se refería a las citadas detenciones, a las denuncias que ha recibido el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, por el presunto cobro de comisiones ilegales por obras en el parque temático 'Terra Mítica' o a las informaciones sobre licencias urbanísticas en Murcia. "Son ya muchas cosas, una detrás y de otra y empieza a ser muy raro", concluyó.

En respuesta a estos comentarios, la diputada y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE Soraya Rodríguez ha afirmado que "lo verdaderamente raro" es que los casos de la Diputación de Lugo, Terra Mítica y otros en Murcia relacionados con licencias de urbanismo "no salieran a la luz cuando gobernaba el PP". A juicio de Rodríguez, las palabras de Rajoy son "sorprendentes" y destaca que "lo que tendría que preocupar a Rajoy no es el momento en el que se están conociendo estos asuntos, sino que en ellos aparezcan nombres relacionados con el PP, y por ello debería empezar a dar explicaciones a la ciudadanía".

Por ello, la diputada socialista preguntó: "¿no será que Rajoy no quiere que se esclarezcan estos supuestos casos de corrupción?; ¿acaso el líder del PP tiene miedo a que se conozca la verdad?", antes de añadir que "lo que ha cambiado en España es que, afortunadamente, ahora tenemos un Gobierno que se toma en serio la lucha contra la corrupción y una Fiscalía Anticorrupción que actúa". "Antes, sin embargo, parece que había un gobierno que encubría, que en lugar de lavar los trapos sucios los escondía bajo las alfombras y que, en definitiva, no trabajaba por la transparencia y la limpieza", ha considerado Rodríguez.

El presidente de la Diputación dice que es una "operación política"

Asimismo, el presidente de la Diputación lucense, el popular Francisco Cacharro, ha manifestado hoy su opinión de que la actuación de la Fiscalía por un presunto fraude en expedientes de obras de la institución es un "despropósito" y una "operación política", y ha denunciado la "espectacularidad" de la intervención como un "montaje" cuyo objetivo es "buscar una repercusión evidente", sobretodo cuando toda la documentación que necesita el fiscal sobre este caso, afirma Cacharro, "hace meses" que la tiene en su poder, desde que "nos pidió todos los expedientes de contratación y proyectos desde hace diez años, que le fueron remitidos, con lo que ya estaba en posesión de esa información".

El presidente, que ha hecho estas declaraciones mientras se procedía a un nuevo registro judicial en las oficinas de obras de la institución, ha insistido en que tiene un "clarísimo trasfondo político" ante las próximas elecciones municipales, y ha reiterado que a este caso se le pretende dar una dimensión "desproporcionada, absurda e interesada". El también senador lucense habló de un despliegue de actuaciones "inusitado" e "impropio" de la situación, que conllevó a que algún funcionario se viera sometido a "una humillación, esposado por la calle y ante sus compañeros". Cacharro ha comparado además el trato que recibe Arnaldo Otegui con el que le fue dispensado a alguna de las personas que está detenida en esta operación, a la que considera gente "pacífica y normal".

En sus calificativos Cacharro también habló de intervención "desproporcionada" en la cuantía, ya que estima en unos 120.000 euros anuales los honorarios que podría percibir la empresa de consultoría Senen Prieto, en la que se han centrado buena parte de las investigaciones. En su intervención ha querido dejar claro que lo que se investiga son "contratos menores" que "no necesitan concurso, ni anuncio, ni una invitación a distintas empresas, aunque la diputación lo hace". Cacharro no ha dudado en afirmar que la trama a investigar "no da para sostener el despliegue" que se ha montado y ha advertido de que es "un poco lamentable que se cree la crispación que se ha producido en la ciudad, con un tratamiento mucho más duro que el que se da a los terroristas".

El presidente de la Diputación ha llegado a considerar la intervención fiscal como "una trama", ya que le otorga un trasfondo político "clarísimo" e incluso ha pedido que nadie le diga que no se persigue a nadie por el color político ya que "no es así". Cacharro Pardo, que aspira a continuar al frente de la diputación lucense, afirma que "cuando a alguien no se le da derrotado en las urnas se utilizan estos procedimientos y se intenta el linchamiento político y social". "Es un asunto verdaderamente grave y preocupante lo que está sucediendo", afirmó Cacharro, quien acusó a algunas formaciones políticas de ser "auténticas máquinas de la difamación y destrucción del honor de las personas y las instituciones".