Caso Sanlúcar

La Audiencia Provincial de Cádiz dictó ayer sentencia por el llamado «caso Sanlúcar», uno de los mayores escándalos políticos registrados en nuestra provincia. Los hechos ocurrieron en octubre de 1999, cuando se fraguaba en el Ayuntamiento sanluqueño una moción de censura del PP y el PA contra el entonces alcalde socialista Agustín Cuevas. Cuevas y el secretario de organización del PSOE local, Rafael García Raposo, ofrecieron al concejal del PP Manuel Ramírez, «Cunete», 50 millones de las antiguas pesetas, dos billetes de avión a Lisboa y un contrato en el Ayuntamiento de Chipiona a Ramírez para que se ausentase del pleno en el que se votaría la moción.

Ahora, casi seis años depués, la Audiencia ha condenado a Agustín Cuevas a dos años de prisión -un año y seis meses por un delito de cohecho y seis meses por tráfico de influencias- y cinco años de inhabilitación especial de empleo o cargo público por cada uno de los dos delitos, además de a una multa de 370.600 euros por ambos delitos. Asimismo, la Audiencia Provincial ha impuesto a Luis Mario Aparcero, ex alcalde socialista de Chipiona, la pena de un año y seis meses de prisión por un delito de cohecho, así como cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 370.000 euros. Por su parte, Rafael García Raposo, ha sido condenado a un año y dos meses de prisión por un delito de cohecho, después de que el jurado popular considerase que fue él quién propuso el soborno. Finalmente, la Audiencia ha impuesto penas de un año de prisión y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público para los tres empresarios imputados en el caso.

Se zanja así, a falta de los recursos que se interpongan, uno de los más vergonzosos episodios vividos en la política gaditana. La Justicia cumple con su función y los políticos han de tomar nota del implacable castigo que espera a las prácticas ilegales. Es preciso que de este caso de corrupción -al que escándalos posteriores y más recientes, como los casos de Tamayo y Sáez, en Madrid, o el de Marbella, han dejado pequeño- se derive un compromiso de moralidad pública que es imprescindible, y cada vez más, para el funcionamiento de la democracia.