Los últimos valientes

Desde pequeño lo único que he conocido es el campo, es a lo que me he dedicado siempre, por eso sigo aferrándome a esto pese a que desde Europa no nos ayudan».

Así se explicaba José Jiménez, un agricultor que cuenta con unas 17 hectáreas de algodón en una finca en La Barca, frente al polígono de Garrapilos, y que no puede evitar que en su actitud se trasluzca cierto pesimismo ante el futuro del campo.

José plantó su algodón a mediados de abril, pese a que «desde las administraciones no nos lo ponen fácil, porque hasta febrero no salió la normativa de siembra y hasta final de marzo no se abrió el proceso para la Producción Integrada». «Muchos hemos sembrado sin esperar la respuesta de la Administración, porque el campo tiene sus fechas y no puede ser que todo se haga a la bulla», se queja.

José se lamenta de que «los políticos nos quieren echar con tantas reformas, y no hay derecho a que esto pase cuando se han hecho inversiones, cuando la gente se ha echado para adelante y ha apostado».

Su caso es el de muchos agricultores de la zona que «nos pasamos diez horas diarias durante siete días a la semana trabajando, que estamos ya en edades alrededor de los 50 años, y que a estas alturas de la vida ya no podemos dejarlo todo e irnos a buscar trabajo. Por eso seguimos adelante».

Lo mismo apuntan otros dos Josés, cuñados y que tienen sus fincas de algodón -de 10 hectáreas cada una- en La Barca. Ellos son más mayores y destacan que «nosotros sólo vamos a estar unos cuantos años más en el campo, hasta que podamos jubilarnos».

En una nave en la que guardan toda su maquinaria -«en la que hemos puesto mucho dinero», dicen- se quejan de que la reforma del algodón «sólo ha servido para crear discriminaciones entre agricultores». Y es que, la aplicación práctica de la burocracia europea ha provocado muchas injusticias. «Yo he sembrado algodón durante toda mi vida, pero en los últimos tres años había hecho caso a las recomendaciones y había rotado a otro cultivo, la alfalfa para revitalizar la tierra», explicaba uno de ellos. Por eso, cuando Bruselas tomó justo eso años de referencia para otorgar a los productores el derecho a seguir plantando algodón, José se quedó fuera del reparto, mientras que «los que no cambiaban de cultivo fueron premiados».

Por este motivo, estos dos cuñados están ya pensando en «seguir tirando unos años, para después venderlo todo y vivir tranquilos». Sobre todo porque, como ya apuntó su vecino José Jiménez, no acaban de ver claras las alternativas que pueden llegar a la zona y que podrían permitir que el campo no se envejeciera y que no se sigan marchando colonos -ya sólo quedan unos 20 en su zona-. Es el caso del Centro Agroalimentario Integrado (CAI), una opción que les provoca muchos prejuicios porque «ya todo está inventado en Almería y Murcia, así que, ¿qué novedades vamos a poder aportar aquí?».