El Estatuto de Andalucía

Los andaluces estamos oyendo hablar de nuestro Estatuto pero la realidad es que la inmensa mayoría no lo conoce. Y no se conoce sencillamente porque no ha habido interés en explicarlo ni divulgarlo. Tampoco ha habido ningún debate en Andalucía que diera a conocer el texto y las distintas posturas de los partidos. Sabemos que lo han aprobado PSOE e IU y que lo han rechazado PP y PA. Sabemos que ahora somos una «realidad nacional» y que queremos que el reparto de las inversiones se haga por criterios de población y no en función del IPC. También se conoce que todos los partidos políticos hemos dicho que Andalucía no debe ser menos que Cataluña, aunque el PP ha matizado que dentro del marco de la Constitución. Algunos saben que se han copiado artículos del Estatuto catalán. En definitiva, poca divulgación, conocimiento y consenso para dos años de trabajo que lleva y para que ya haya salido del Parlamento Andaluz y se debata dentro de una semana en el Congreso.

Aun así en el PP hemos estado abiertos a la reforma estatutaria, aunque en realidad más que una reforma del actual, es un nuevo Estatuto que triplica el número de artículos. Hemos pretendido que Andalucía fuera lo que es y sentimos la mayoría y no una realidad nacional como pretenden los nacionalismos insolidarios que persiguen una menos España como etapa intermedia hacia ninguna España. Una Andalucía de primera no será posible en una España de segunda donde se imponga la asimetría, la insolidaridad y la desigualdad. No seremos de primera por llamarnos realidad nacional; lo seremos cuando lleguemos a tener los servicios de calidad que tienen las autonomías más ricas y nunca llegaremos a ello si éstas se blindan competencias y financiación que corresponden al Estado como marca la Constitución. No compartimos que PSOE e IU apoyen que el Estatut blinde competencias y financiación que impedirán que Andalucía reciba más inversiones que la acerquen a la media nacional. Blindar la riqueza, como hacen los catalanes, es de insolidarios; pero blindar la pobreza, como haremos los andaluces, es de tontos

Está claro que un estatuto no es la panacea que solucione los problemas que afectan realmente a los ciudadanos como algunos tratan de hacernos creer. Si así fuera el problema autonómico estaría considerado como el primer problema muy por encima del paro, la educación, la vivienda, la inseguridad ciudadana, la violencia de género, la inmigración, o las carencias en sanidad, infraestructuras y servicios sociales que padecemos. El Estatuto vigente, aprobado en Carmona con gran consenso en 1981, era un buen Estatuto y sin embargo ha sido el gran fracaso del PSOE que gobierna Andalucía desde 1982 por el escaso cumplimiento de los fines de aquél. Seguimos siendo tras 24 años de gobiernos socialistas los últimos de España y Europa en renta, oportunidades y niveles de bienestar, que eran objetivos que se marcaron en nuestro actual estatuto, que por cierto no se ha terminado de desarrollar. Por eso desde el PP hemos considerado más urgente y necesario para Andalucía un cambio de políticas y de gobierno que una reforma del Estatuto

Es imprescindible un estatuto de todos, no el de dos partidos de izquierdas dejando fuera a más del 40% de los andaluces. PSOE e IU han manifestado su satisfacción. Uno porque ha apoyado a su presidente Zapatero avalando las tesis de los nacionalistas y el otro porque cree que el Estatuto sienta las bases de la república; ninguno ha mostrado su satisfacción por defender los intereses de los andaluces. Nos preguntamos por qué Chaves ha roto el compromiso que alcanzó con el PP sobre la denominación de Andalucía como nacionalidad histórica «en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común de todos los españoles», como estaba recogido en el Estatuto del 81 y está claro que es el precio político que Chaves paga a Zapatero como coartada para evitar una afrenta en el Congreso de los Diputados a los nacionalistas de ERC, PNV o CIU y evitar voten en contra del Estatuto si lleva un artículo que defienda la unidad indisoluble de España. Nosotros creemos que «nacionalidad histórica» es la definición que debe tener Andalucía en el Estatuto, como parte fundamental de la nación española y con pleno respeto a la Constitución. Un Estatuto de máximos también debe reflejar que, si los andaluces ven mermada su igualdad esencial de derechos y oportunidades en cualquier parte del territorio nacional, la Junta de Andalucía debe ampararlos y defenderlos y el PSOE e IU no lo han querido así. Tampoco han querido elecciones separadas de las generales, ni limitación de mandato, ni neutralidad en los medios de comunicación públicos, ni control del dinero de las empresas públicas como ha propuesto el PP. Tampoco se recoge transferir competencias y poder de la Junta a los Ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos.

En definitiva es un Estatuto hecho a imagen y semejanza del catalán más para validar este que para defender los derechos de los andaluces. Quizá por ello Maragall dice que Cataluña con su Estatuto se juega ser una nación, una financiación el 50% superior y ser la autonomía más potente de Europa. Y ante eso le preguntamos a Chaves: Y Andalucía, ¿Qué se juega?