Bolivia, un paso más

La deriva que ha decidido tomar el Gobierno boliviano no puede calificarse sino de altamente preocupante. Es posible que en términos estrictamente económicos el caso BBVA sea de menor entidad que el de Repsol, pero la gravedad jurídica es exactamente la misma, o incluso peor, por cuanto se confirma la evidencia de las nuevas directrices económicas que van a regir desde ahora en Bolivia. Evo Morales está dispuesto a llevar el cumplimiento de sus promesas electorales, de marcado carácter populista, hasta sus últimas consecuencias. Tanto, que el presidente de Bolivia parece haberse abandonado en manos de su propio Ejecutivo, donde los radicales de izquierda copan los puestos de mayor responsabilidad y aplican sin recato las teorías más intervencionistas. Y por si lo anterior no fuese suficiente, Evo Morales cuenta además con la inspiración y el apoyo de los Gobiernos más radicales de la zona, como el cubano.

La demagogia es altamente rentable en el corto plazo para los líderes que la aplican sin pudor y provoca la alegría inmediata de las masas populares. Pero, suponer que esas tesis van a resolver los verdaderos problemas del país, es una anestesiante quimera que no tardará en revelarse como amarga realidad. El siglo XX está repleto de ejemplos muy útiles para el presente. La práctica totalidad de los países que se embarcaron en la senda de la nacionalización de los bienes de producción han dejado para la historia un camino muy distinto del progreso y el bienestar que decían perseguir para sus ciudadanos; detrás de sus medidas sólo ha quedado un rastro de miseria social, ruina económica, ruptura y déficit democrático, cuando no de absoluto atropello de la dignidad humana. El Gobierno boliviano tiene todo el derecho del mundo para exigir el cumplimiento estricto de la normativa laboral, de las reglas fiscales y de la legislación mercantil en su conjunto, pero, de ahí a la expropiación hay un largo trecho.

Ni Repsol, ni el BBVA, tienen la culpa de la miseria que aqueja a Bolivia, más bien están colaborando activamente a su desarrollo. Igualmente, el Gobierno Zapatero no es responsable de los hechos acaecidos, pero sí lo es de la defensa de los intereses de las empresas españolas afectadas. Y en su defensa hay que aplicar algo más que sonrisas y talante. La tesis de Pedro Solbes parece mucho más acertada y realista que la de otros miembros del Gabinete que se muestran inexplicablemente comprensivos con una política equivocada para los bolivianos y muy perjudicial para los españoles, por cuanto se envía un mensaje de debilidad que podría perfectamente animar a otros Gobiernos de la región a «cuadrar sus cuentas» a costa de las empresas españolas.