El día que F. se cayó por las escaleras

F . tiene treinta y pocos años, el pelo largo, rizado, la expresión grave y el habla acompasada. Entró ayer en la sala de los juzgados de lo Penal número Uno de Jerez y, con un hilo de voz endeble, casi inaudible, explicó que nadie la había maltratado, que su pareja, presunto autor de un delito continuado de violencia de género, otro de lesiones, otro de maltrato, otro de amenazas y uno más de atentado, nunca le había puesto la mano encima, que no recordaba sus declaraciones acusatorias anteriores y que, sencillamente, «no quería hablar del tema».

F. existe, tiene nombre y apellidos, pero bien podría ser una metáfora genérica, extensible, porque el personal de los juzgados identifica de memoria los detalles de esta historia y de todas las demás, las que se reproducen en términos similares, igual de tristes e igual de desesperanzadoras. Hay miles de F, aunque hoy, la que salga en las páginas del periódico, por el criterio burocrático de los señalamientos, sea ésta.

F. llamó una tarde de sábado a su vecina, para pedirle que la llevara al Hospital. Según el informe de la médico que la atendió, refrendado después por un facultativo forense, tenía heridas contusas en los brazos y en la espalda, la boca rota y el tabique nasal desviado a causa de un golpe. F explicó en el Hospital que se había caído por las escaleras, pero la doctora y el experto mostraron sus dudas: «Las lesiones que presenta son difícilmente compatible con una caída, ya que están dispersas y presentan inflamaciones y hematomas muy concretos». F. mantuvo ayer, en el juicio contra J. M. P. R, ex militar y ex convicto, su particular versión de los hechos: «Salí rodando, me resbalé, fue un accidente». Una de las vecinas que le prestó auxilio declaró haber visto marcas de zapato en su espalda, pero F. se limitó a negarlo y, de paso, rechazó todo lo que había expuesto en la denuncia inicial y en la declaración posterior, formalizada en los juzgados de instrucción. La fiscal le pregunta por su contradicción repentina, pero F balbucea y no logra argumentar nada mínimamente coherente. Le recuerda que, según uno de los testigos, el día de los hechos guardaba uno de sus dientes en la mano y que, tal y como ella misma había declarado previamente, J. M. P. R había jurado varias veces matarla. F. agacha la cabeza y no responde.

Unos meses después, F. llamó a la Policía. Había discutido con el padre de sus dos hijos, de nueve y once años, y éste, medicado y bebido, no la dejaba entrar en casa para marchar a un centro de acogida. Hicieron falta cuatro policías para inmovilizarlo y permitir que la mujer entrara a por sus pertenencias, según la versión de los funcionarios. Uno de ellos explica que F. les contó, en el portal de su vivienda, que la maltrataba de forma habitual, que la había cogido por el cuello y que temía por la vida de los niños: «Estaba totalmente aterrorizada, y había recibido una patada fuerte en el bajo vientre», relata. F. excusa la situación diciendo que sólo fue «una discusión acalorada», y que los daños que sufría se los ocasionó «al salir por la puerta, corriendo, muy alterada, que me golpeé contra el pomo». Su pareja lo confirma, e incluso advierte que la ayudó a levantarse del suelo.

El magistrado titular del juzgado, Manuel Buitrago, respira hondo y le pregunta a la presunta agredida por qué cambia completamente su versión de los hechos desde la primera denuncia hasta ahora. F. no contesta. El magistrado le advierte que «la justicia no puede protegerla, si usted no hace lo posible por protegerse primero». F sigue en silencio.

La fiscal pide ocho años para el supuesto maltratador. La defensa argumenta que no hay razones objetivas. J. M. P. R., preguntado si desea añadir algo más antes de dar el visto para sentencia, explica que «la vida en pareja no es rosa», que «en todas hay discusiones», y que eso «es bueno para desahogarse».