El Defensor del Pueblo pide que se refuerce la asistencia sanitaria para los reclusos

Excarcelación, rehabilitación, complicidad y esperanza fueron algunas de las palabras que resonaron en la sexta edición de la jornada 'Desigualdades Sociales y Salud', donde el Defensor del Pueblo Andaluz pidió que el SAS y las instituciones penitenciarias llegasen a un acuerdo para «ampliar las especialidades que atiendan a los reclusos». Acto seguido, anunció que se están entablando conversaciones entre las dos entidades para buscar una asistencia ginecológica, mental y traumatológica, pero «quien paga las dietas» de momento retrasa que se implanten estas especialidades en las cárceles.

Sin embargo, esta medida no solucionará nada si no hay una «mayor complicidad de la sociedad para acabar con la exclusión social, que hoy por hoy es el verdadero problema» sumado a que «las políticas contra la marginación tienen que tener más fuerza» en una sociedad que hace referendos para no tener un centro de desintoxicación.

Además, apuntó ante la propuesta de la Asociación Hogar Gerasa que para que llevarse a cabo su planteamiento de excarcelación con las personas con Sida se necesita que «un médico se comprometa a firmar para que el juez lo permita». Asimismo, reconoció que «la reforma del código penal consigue que los reincidentes vuelvan una y otra vez a la cárcel».

Mientras su contertulio Antonio Vergara, miembro de la Asociación Hogar Gerasa, defendió en todo momento que hay que «tener un plan de excarcelación de personas enfermas para evitar que mueran en los centros penitenciarios». Es más, Antonio Vergara apostó que hay que dar un «tratamiento para los drogodependientes» porque cuando salen de la prisión repiten el mismo patrón: «delito, droga y cárcel».

El mal del mercado

A su vez, el catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno, apuntó que «en esta sociedad moderna lo único importante es el mercado» de ahí que manifestase que el Estado ha desaparecido en su política de bienestar para paliar la pobreza y la exclusión social en aras de la economía mercantil.

Y la pobreza existe. En Andalucía hay más de 1.700.000 personas, que representan el 23% de la población cuya renta es el 50% inferior a la nacional. De ahí que el Defensor del Pueblo Andaluz espere que el Estatuto de Andalucía recoja que «la menor renta sea igual al salario mínimo interprofesional».

Además, la comunidad contaría con 3.000 ó 5.000 personas sin hogar, que en la mayoría de los casos son varones mientras que en la pobreza son mujeres. La edad media de las personas sin hogar está en 40 años, pero en los últimos cinco años se han incorporado más mujeres y el colectivo de inmigrantes, que son la mitad, donde el 30% padece problemas de salud mental.