La Fiscalía Antidroga teme que el Supremo revoque su recurso en el 'caso Semilla'

La Audiencia Provincial de Cádiz vive días de incertidumbre por los procesos judiciales de la Operación Semilla. La decisión del Tribunal Supremo (Supremo) de absolver a los cuatro condenados por la Sección Cuarta en el año 2004, por un delito contra la salud pública, al considerar que las escuchas telefónicas no debían haber sido admitidas como pruebas por el juez, ha venido a dar la razón, en cierta forma, al titular de la Sección Segunda, quien en ese mismo año, en el juicio de otra pieza del caso, decidió no dar por válidas las cintas y absolvió a los 12 acusados. «No me han notificado nada oficialmentepor lo que no puedo hablar, pero si hay una sentencia firme del Supremo hay que acatarla», comentó ayer al respecto la fiscal Antidroga de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ana Villagómez.

El Alto Tribunal designó a un mismo equipo de magistrados para deliberar y tomar una decisión sobre dos de las sentencias que ha dictado la Audiencia. La de la Sección Segunda llegó al Supremo porque en su día fue recurrida por Villagómez, fiscal que lleva los procedimientos que se han derivado al máximo órgano judicial de la provincia. «Recurrí la absolución porque entendí que deberían considerarse las escuchas válidas para que estos individuos no fuesen a la calle».

Villagómez teme que como «los dos recursos los han visto los mismos magistrados del Supremo» su apelación corra la misma suerte.

Abogados avispados

La sentencia condenatoria de la Sección Cuarta fue elevada al Supremo por los abogados de los cuatro condenados por considerar que los pinchazos telefónicos vulneraban la intimidad de sus defendidos.

Ésta no fue la única condena dictada en el marco de este caso de narcotráfico a gran escala, la Sección Primera ya sentenció a dos personas a cuatro años en 2005.

«Este asunto se inició en noviembre del 2000 con la detención de seis proveedores de coca en Valdelagrana y que portaban dos kilos de esta sustancia», recuerda Villagómez. La declaración de estos traficantes resultó «fundamental», ya que implicó a diversos compradores de San Fernando, Sanlúcar y El Puerto, con lo cual el juez instructor de las piezas iniciadas en la localidad portuense, Miguel Ángel López Marchena, intentó que todos los flecos del caso se englobaran dentro de un macroproceso. Pero finalmente fueron disgregadas en causas diferentes y remitidas a las localidades donde se produjeron los principales arrestos.

Todavía quedan por celebrarse seis juicios: cuatro en Sanlúcar, y uno en San Fernando y El Puerto, que «llegarán a la Audiencia en el plazo aproximado de un año». La decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia condenatoria de la Sección Cuarta, que tenía su cimentación en los pinchazos telefónicos, no fue comentada por la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso. «No quiero pronunciarme al respecto porque las relaciones con el Supremo ahora son muy buenas», matizó de manera escueta a LA VOZ.

Sin embargo, reconoció que la absolución del Supremo es «un precedente importante, puesto que siempre es importante que prevalezcan los derechos fundamentales».

Las escuchas telefónicas han vuelto a poner en evidencia la disparidad de criterio entre los jueces a la hora de utilizarlas como pruebas incriminatorias. Estas posiciones enfrentadas han provocado fuertes críticas entre los colectivos antidroga que temen que los narcos se beneficien de esta situación.

Fuentes judiciales explicaron que si el Supremo sólo se ha ceñido a las escuchas para invalidar la sentencia, no tienen por qué peligrar otras posibles condenas en las piezas que quedan pendientes, ya que existen más pruebas.