Otros tres supuestos beneficiarios de pensiones caen en la 'operación Karlos'

La profunda investigación que está realizando la Guardia Civil sobre las pensiones que tramitaron los facultativos implicados en la operación Karlos está desvelando nuevas compensaciones económicas por incapacidades ficticias. A punto de concluir la segunda fase de este operativo, el equipo de Policía Judicial ha vuelto a detener a tres personas más, a las que se le acusa de haber obtenido una pensión de manera ilícita y haciendo uso del mecanismo ideado supuestamente por el cabecilla de la trama, Carlos Carretero.

Estos nuevos implicados son también vecinos de localidades de la Sierra de Cádiz, como la mayoría de los beneficiarios que por ahora han sido detectados. José R. R., de 56 años, fue detenido en Algodonales; mientras que Antonio D. V., de 49 años, y José Manuel M. M., de 42 años, fueron apresados en Ubrique.

Los tres fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción nº1 de Cádiz, que se hizo cargo de las diligencias de esta operación tras resolverse la primera fase de las investigaciones que fueron tramitadas judicialmente, en su inicio, por el juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez, que también es el que ha recibido el caso de las facturas falsas, bautizado con el nombre Halcón, y cuyo máximo responsable es presuntamente también el ex jefe de la Policía Local de Ubrique.

En la primera fase se descabezó al entramado fraudulento con la detención de un inspector de la Unidad Médica de Valoración e Incapacidades, varios facultativos y clientes de renombre como la mujer del torero Jesulín de Ubrique y la secretaria de Pedro Pacheco. En total, fueron diez las personas implicadas. En la cárcel ya estaba el ideólogo del fraude, Carlos Carretero, que fue apresado durante la operación Halcón.

En la segunda fase, en la que está inmersa en estos momentos la Guardia Civil, ya van al menos 13 personas detenidas (la cifra no es oficial ya que la Benemérita guarda un celoso silencio y sólo ha confirmado algunos de los arrestos), entre ellas la madre de María José Campanario como beneficiaria de una pensión que supuestamente le consiguió su hija, previo pago de 18.000 euros.

Este periódico supo que el Instituto Armado está a punto de dar por concluidas las pesquisas. Ya hace unas semanas, este medio adelantó que los investigadores tenían previsto el arresto de unos 18 clientes de la red de Carretero.