Morales critica al Gobierno Zapatero que no haya cumplido su promesa de ayudar a Bolivia

Evo Morales no parece estar contento con José Luis Rodríguez Zapatero y aunque ayer, en Viena, incluyó a España entre los aliados estratégicos de Bolivia, eludió citar al Gobierno español en el grupo de los que han dado una ayuda incondicional a su país. Según el presidente boliviano, el jefe del Ejecutivo no está cumpliendo las promesas que le hizo en los últimos meses.

Morales llegó a la cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, que ayer comenzó en la capital austriaca, con mensajes con los que pretende justificar las nacionalizaciones de hidrocarburos en su país. Precisamente hablando de esa medida, expresó su confianza en que, a pesar de ella, los países que, como España, prometieron condonaciones de deuda, «no sean vengativos». En concreto, recordó que durante su campaña electoral, las autoridades españolas le aseguraron que si resultaba vencedor, doblarían las ayudas a Bolivia, algo que, según Morales, él no pidió sino que le fue ofrecido. «Hasta ahora, no he visto nada», subrayó.

Igualmente, recordó que, tras ser elegido presidente, el propio Zapatero le prometió el pasado mes de enero una condonación de la deuda boliviana con España (unos 95 millones de euros). «Tampoco lo he visto», aseguró.

Tras conocer las palabras de Morales, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español señalaron, con respecto a esos compromisos, que se trata de procesos «complicados de articular» y que no se pueden hacer efectivos «en dos días».

En su intervención ante los periodistas, Morales, de quien se espera que finalmente celebre algún tipo de encuentro con Zapatero, no tuvo palabras especialmente elogiosas para España, pese a la acogida que le dispensó el Gobierno en enero. Al contrario, citó entre los países que ayudan incondicionalmente a Bolivia, a Cuba, Venezuela, Japón y Dinamarca, pero no a España. Y, aunque aseguró que Zapatero es «un aliado estratégico», no perdió la ocasión de recordar una de sus ideas favoritas, aludiendo a lo que llamó «políticas de exterminio de los pueblos indígenas»: «Esperamos que después de 500 años, podamos hablar de reparar los daños de esos 500 años».

Para ilustrar su afirmación relató que hace cinco años viajó a España invitado por un Ayuntamiento y que la Policía del aeropuerto de Barajas le pidió 500 dólares para poder entrar en el país. «Como no los tenía, querían deportarme a mi país, y yo les dije: 'Si por 500 años han saqueado nuestros recursos, por qué me van a pedir 500 dólares'».

Morales puso como ejemplo de «ayuda incondicional» a Bolivia la que le presta Cuba, para cuyo Gobierno dijo tener una gran «admiración y respeto». «Con semejante bloqueo económico ¯señaló refiriéndose a la presión de Estados Unidos¯ el Gobierno cubano enseña a todos los pueblos del mundo a gobernar con dignidad».

El mandatario boliviano contrapuso la actitud cubana «enviando una legión de médicos para operar los ojos a más de 7.000 pobres» con la de Estados Unidos «que ofrece ayuda, pero si se cumplen 16 condiciones».

Los mensajes de Morales tampoco fueron muy tranquilizadores para las empresas extranjeras que operan en Bolivia, a las que aseguró que no está en sus planes indemnizarlas por la nacionalización de los recursos energéticos. Y eso, porque Morales sostiene que no ha habido «expropiación» de tecnologías o de activos de esas compañías. «Recuperarán su inversión y tendrán ganancias de utilidades», dijo, al tiempo que enfatizó: «No estamos expulsando a nadie, sólo ejerciendo el derecho de propiedad sobre nuestros recursos».

Morales aseguró que muchos de los contratos con las petroleras son ilegales y acusó a algunas empresas de no pagar impuestos y ser «contrabandistas». En concreto, sobre Repsol dijo: «No tengo ninguna información con relación a Repsol, aunque hay algunas acusaciones que hay que investigar».

Brufau por un acuerdo

Por su parte, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, subrayó ayer en Madrid que la compañía confía en poder llegar a «un buen acuerdo» con las autoridades de Bolivia, pero advirtió de que si esto no es posible «acudirá a los tribunales internacionales». Brufau dijo que hasta que no expire el plazo de 180 días para concretar los términos de la normativa del Gobierno boliviano, y se comience a operar acorde a la nueva ley, «será muy difícil valorar el impacto definitivo de la medida.