El Gobierno prepara un cambio de la ley que regula las empresas de bienes tangibles

La directora general de Consumo, María Angeles Heras, ha hecho un llamamiento a la calma a los más de 350.000 afectados por la presunta estafa de las empresas de bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa, intervenidas ayer por las autoridades. De igual forma, ha reiterado que, al tratarse de un tema de consumo, las competencias corresponden a las comunidades autónomas.

En declaraciones a la cadena SER, Heras ha señalado que el Gobierno está trabajando en la modificación de la Ley de Inversiones Colectivas de 2003, que regula a empresas de bienes tangibles, como Fórum Filatélico y Afinsa. Heras considera que este tipo de casos "harán recapacitar" para que la Ley de Inversiones Colectivas, que cede el control de las sociedades de bienes tangibles a las autoridades de Consumo, ya que no se consideran productos financieros, quede "más clarificada".

La directora de Consumo ha insistido en que, con la legalidad vigente, el Estado no prevé un fondo de garantías para dar solución a los afectados. En este sentido, ha recordado que mañana, jueves, se reunirá una comisión de cooperación de consumo, donde estarán representadas las comunidades autónomas, coordinadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que se establecerán los cauces para que puedan reclamar los afectados. Para el mismo día, se ha convocado el Consejo de Consumidores y Usuarios, donde están representadas las asociaciones de consumidores, a fin de establecer las vías de reclamaciones para los clientes de Fórum y Afinsa.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido transmitir hoy un mensaje de confianza y de tranquilidad a los ahorradores estafados, ante la investigación de las actividades de Afinsa y Fórum Filatélico cuyas actuaciones, conocidas ahora, comenzaron en julio de 2005, según ha desvelado el jefe del Ejecutivo, que ha garantizado que la Justicia y todas las Administraciones Públicas van a velar al máximo, dentro del ordenamiento jurídico, por los intereses, derechos y las expectativas de los pequeños ahorradores.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al Gobierno de no haber desarrollado la Ley que entró en vigor en febrero de 2004 para que Consumo controlara las sociedades de inversión como las dos intervenidas, ha rechazado que la culpa de este fraude la tenga el anterior gobierno popular, ha exigido al Gobierno actual que asuma sus responsabilidades y no deje tirados a los 350.000 afectados por este asunto, como el Gobierno socialista de entonces no dejó tirados a los afectados de la PSV.

Ausbanc pide responsabilidades al Estado

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha señalado al Ministerio de Sanidad y Consumo como responsable de la "laguna legal" en la que considera se ha producido la presunta estafa, por lo que ha apelado a la responsabilidad patrimonial del Estado y ha pedido que el Ministerio que constituya un fondo para ayudar a los afectados en caso de que las empresas no puedan responder.

El adjunto a la presidencia de Ausbanc, Angel Garay, ha denunciado "dejación de las funciones de control y supervisión" que legalmente le corresponden al Ministerio. Por ello, ha anunciado que Ausbanc ha puesto a disposición de los afectados en su página de Internet una carta tipo de reclamación dirigida a Heras para que los inversores perjudicados puedan pedir a la Administración que realice "cuantas actuaciones sean necesarias para proteger los derechos y las inversiones de los afectados".

En esa misiva, también se solicita que se promuevan las acciones judiciales "de toda índole" que sean necesarias para velar por sus intereses y que se remita a los inversores copia de los informes de las auditorías de cuentas de los últimos años de Afinsa y Fórum Filatélico.