Basuras

La concesión del servicio de limpieza en Cádiz para los próximos diez años ha desencadenado una fuerte polémica, tanto con las empresas que no han ganado el concurso como con la oposición municipal. Cada una por su lado. Conviene hacer esta precisión, pues la coincidencia en criticar la elección tomada no supone ni estrategias comunes ni mucho menos que se defiendan los mismos intereses, como ya se ha insinuado. Las empresas privadas, buscando su beneficio, han acudido ya a la vía judicial. Ahí habrá de dilucidarse si, como dicen, una de las empresas de la UTE ganadora, Cointer, de Azvi, no tiene la clasificación necesaria para dar este servicio, o si han maquillado el coste del absentismo laboral para convertirla en la oferta más económica. Apuntan a los técnicos, que no son quienes deciden la concesión, como equivocadamente dice la alcaldesa, cargándolos de una responsabilidad abrumadora, sino que sólo la informan.

La oposición, por su parte, hace una crítica política, creo que mal explicada por el excesivo hincapié en las relaciones familiares del tesorero regional del Partido Popular con Azvi. Aquí mismo hemos defendido otras veces que la simple relación familiar con un político no presupone trato de favor, que habría que demostrar siempre. O, lo que es lo mismo, el derecho de los políticos a tener familiares, sin que a éstos se les moleste por ello, ni estén sometidas a sospecha todas sus actividades. Otra cosa es que se incurra en incompatibilidad, que está perfectamente regulada, a la hora de acceder a un concurso. Si me permiten, haré una broma de investigación sobre las empresas perdedoras. FCC está presidida por Marcelino Oreja, antiguo diputado popular, eurodiputado y comisario europeo, además de tío de Mayor Oreja. Urbaser es filial de ACS, presidida por Florentino Pérez, antiguo concejal, director general de Infraestructuras de Transportes y del IRIDA, todo con gobiernos de UCD, antes de acabar en lo que ya saben, próximo al PP. Cespa, filial de Ferrovial, está presidida por Rafael del Pino, sobrino de Leopoldo Calvo Sotelo, expresidente que pidió el voto para el PP en las últimas elecciones. Es el peligro de hacer una salsa rosa de la política. No me pregunten por qué hay tantos políticos del PP en el poder económico. Ni tampoco sé para qué necesita Sufi, empresa de la primera cadena inmobiliaria española, Sacyr-Vallehermoso, hacer sociedad con Cointer, de Azvi, empresa veterana pero sin mucha experiencia en recogida de basuras. A las insinuaciones de connivencia familiar le ha respondido el grupo popular arrojando también más basura al contrincante, recordando quién es hermano de quién, como si los mayores de edad no rindieran cuenta de sus responsabilidades personalmente, o amenazando con remover las contrataciones en casa o en otros Ayuntamientos. Ejemplar.

Todo esto oculta lo fundamental: ¿cómo es posible que no se consensúe una concesión que va a funcionar diez años? Tendremos, al menos, dos elecciones y dos ayuntamientos que, a pesar de ser elegidos por los gaditanos, no podrán cambiar esa concesión. Hace diez años se hizo, quizás por el talante del concejal Braña, quizás porque se acababan de ganar las elecciones y tardarían las siguientes. Las del año próximo han condicionado este concurso. El esfuerzo económico se quiere traducir en resultados inmediatos. La actual UTE tuvo un inicio espectacular para después ir relajándose hasta los mínimos actuales. Culpa también de los gaditanos, es cierto. A la nueva no se le imponen auditorías externas que midan si se cumplen o no los objetivos, como si se temiera que alguien imparcial dijera que la ciudad está sucia. También se renuncia a mejoras tecnológicas como la recogida neumática, en tubos enterrados, recomendada para ciudades con un patrimonio histórico importante, porque permite eliminar los contenedores de la vía pública. En el barrio Santa Cruz de Sevilla ya se realiza, con un 70% de financiación europea. Implantarlo ahora supondría levantar la ciudad, es cierto, en plenas elecciones. Si éstas van a condicionar siempre la limpieza, ¿por qué no acabar con la temporalidad de los concursos y municipalizar el servicio? Que ese negocio, ahora en manos privadas, sea sólo para la ciudad. Como hacen Sevilla, Huelva, Málaga o Córdoba. Que están limpias.