Las autonomías que precisen más servicios podrán tener mayor déficit

Las comunidades autónomas que tengan más necesidad o carencias en materia de infraestructuras o equipamientos podrán incurrir en un déficit mayor que el resto. Esta es una de las últimas modificaciones incluidas en la nueva Ley de Estabilidad -a iniciativa de CiU-, que el jueves próximo pasará su último trámite parlamentario, si bien la norma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2007.

Otro de los cambios incluidos tras las conversaciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios es que cada administración regional podrá negociar de forma bilateral con el Gobierno cuál ha de ser su objetivo presupuestario. El PSOE, reacio en principio a ceder más poder a los Gobiernos autonómicos, aceptó a última hora en el Senado una enmienda del PNV, según la cual les corresponde a aquellos «desarrollar y ejecutar» los «diferentes principios y directrices generales» que habrá de establecer la ley.

Los socialistas consideran esta precisión «coherente», de manera que han aceptado dar ese mayor margen de maniobra a las comunidades, si bien en el desarrollo reglamentario de la norma «se establecerán excepciones» cuando las administraciones territoriales «no garanticen la norma básica».

Resulta llamativo que los socialistas hayan aceptado algunos de los cambios propuestos por sus nuevos aliados parlamentarios (CiU y PNV) y, por el contrario, haya rechazado aquellos que pretendía en la Cámara Alta el bloque de izquierdas de la Entessa (que integran los mismos grupos que el 'tripartito' catalán: PSC, ICV y ERC).

Las propuestas desestimadas pretendían dar más peso al sector local en la negociación presupuestaria, pero también sustituir el papel del Consejo de Ministros por el del Parlamento, de manera que fuera éste y no el Gobierno el que fijara las tasas de variación del producto interior bruto (PIB) «nacional real» que obligan a tener superávit o permiten un cierto déficit.

Por el contrario, entre las modificaciones que sí han prosperado figura una que permitirá a cada comunidad negociar aparte con el Gobierno cuál deberá ser su meta presupuestaria particular, al margen de la opinión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.