La Junta mantiene en suspenso grandes proyectos urbanísticos en la provincia

La demanda de la Delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de San Fernando de que pare de inmediato la construcción de nueve torres de 16 pisos en la zona de La Casería, en paralelo a la Bahía gaditana, por provocar un efecto de «apantallamiento», ha vuelto a reabrir la polémica sobre las competencias urbanísticas reales del Gobierno autonómico y su aplicación en los distintos ayuntamientos, coincidentes o no con el color político que dirige los designios del Palacio de San Telmo.

En los últimos años, no han sido pocos los enfrentamientos entre Junta y gobiernos locales de la provincia por asuntos urbanísticos. En San Fernando, la última plaza donde se ha iniciado un conflicto, la Delegación ha dado un plazo de tres meses, del que ya se ha consumido casi uno, para paralizar las obras bajo la amenaza de acudir a los tribunales. Como respuesta el Ayuntamiento isleño no sólo no ha dado marcha atrás en el proyecto sino que ha retado a la Junta a ir a juicio puesto que está convencido de la legalidad de las obras y ha acusado, además, a la Junta de perseguir al PA, que ocupa la Alcaldía isleña, mientras «pasa la mano» en localidades gobernadas por los socialistas.

El Puerto

La orden de derribo que pesa sobre el complejo Las Beatillas, ubicado junto al parque acuático, es el caso más conocido en el que ha intervenido la Junta en El Puerto. Fue a finales de 2002 cuando, tras varias denuncias ecologistas, la Junta tomó el bastón de mando en el Ayuntamiento portuense para sancionar al Grupo Jale a derribar parte de su complejo de ocio por haber sido levantado sobre terrenos protegidos en la Sierra de San Cristóbal. Una demolición que el Grupo Jale ha recurrido ante Tribunal Superior de Andalucía y, actualmente, ante el Tribunal Supremo.

El recurso solicita que se anule la sanción de derribo que pesa sobre la sala de congresos, el restaurante, el parque infantil, las zonas ajardinadas y el resto de elementos urbanizados que alcanzan una superficie total de más de 10.000 metros cuadrados, ya que, según la constructora, las obras «cuentan con la preceptiva licencia municipal».

Un conflicto que continuará en los próximos años, ya que el nuevo Plan Urbano portuense abre la puerta al negocio inmobiliario con la implantación en las Beatillas de 7.000 viviendas, un nuevo centro hotelero y otro campo de golf.

La Junta también frenó al Ayuntamiento de El Puerto cuando la Delegación de Medio Ambiente dictó importantes enmiendas al documento urbanístico. Entre ellas, la reserva de los espacios verdes y de VPOs dictadas por la nueva Ley de Suelo. Así, el alcalde, Hernán Díaz, anunció recientemente que se habían caído 18 de los 22 convenios urbanísticos que iban a firmarse con grandes promotores debido a la imposibilidad de levantar las viviendas pactadas.

Además, la Delegación de Cultura decidió en 2004 sancionar al Consistorio por permitir el derribo parcial de la Casa de las Cadenas y decidió catalogar el edificio como Bien de Interés Cultural para evitar «males mayores». Por último, el problema de las viviendas ilegales también ha afectado a El Puerto, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre la construcción irregular de viviendas en el Pinar del Coig.

Barbate

Hace ya cinco años que comenzó en Barbate uno de los proyectos urbanísticos que más problemas ha creado entre la Junta y un gobierno local. En 2001, se presentaba la propuesta inicial de construcción de tres hoteles con un total de 950 habitaciones en las inmediaciones del Faro de Trafalgar de Caños de Meca. En un principio, estas instalaciones debían ocupar una parcela de 75.000 metros cuadrados con una edificabilidad del 0,24% por metro cuadrado y se estimaba que daría trabajo a un centenar de personas del municipio.

Sin embargo, tras estar cuatro años pasando por distintas administraciones y despachos, finalmente la Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio rechazó el proyecto en marzo del pasado año argumentando que provocaba un fuerte impacto visual para la zona del faro y el Tómbolo de Trafalgar. Así, la Comisión Provincial de Urbanismo propuso la eliminación de los áticos de los edificios y una reducción de la edificabilidad de 0,25 a 0,15%.

De este modo, los técnicos comenzaron a trabajar en una nueva propuesta que incluía las peticiones del órgano provincial y que sólo dejaba sitio para uno de los hoteles. Una nueva propuesta que fue presentada por el Consistorio barbateño la pasada semana en la Delegación Provincial de Urbanismo con la esperanza de ser aprobada por fin.

Chiclana

La situación de Chiclana podría definirse como una de las excepciones que confirman la regla de los desencuentros entre la Junta y los ayuntamientos gaditanos en temas urbanísticos. Una situación especial que el propio alcalde de la ciudad, José María Román, destacaba: «Chiclana avanza gracias al apoyo de las administraciones andaluza y central».

Está claro que cuando el color político coincide en las administraciones públicas a todos los niveles los obstáculos en el camino son mucho menores. El equipo de Gobierno socialista en Chiclana ha visto cómo en los dos últimos años se han desbloqueado asuntos de vital importancia como la Ronda Oeste y la construcción de la Comisaría de Policía Nacional.

De hecho, y tras ocho años en los que el gobierno del PP puso trabas a estos proyectos señeros para la ciudad, el PSOE en Sevilla y Madrid está apoyando explícitamente los primeros pasos para la construcción de la nueva carretera de circunvalación y del nuevo equipamiento de seguridad en la localidad. La propia consejera de Obras Públicas avanzó hace pocas semanas que «la nueva carretera estará en obras en 2008», tras la luz verde de los informes técnicos de la Dirección General de Costas dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

En cuanto a las 20.000 viviendas ilegales que hay repartidas por todo el extrarradio del término municipal, es significativo que la Junta sólo haya instado al Gobierno municipal a que articule medidas encaminadas a poner coto a la aparición de más construcciones irregulares, mientras que el Ayuntamiento asegura que el nuevo PGOU contribuirá a regularizar la inmensa mayoría de viviendas sin legalizar. Eso sí, la Policía Autonómica ha interpuesto varias denuncias y practicado casi una decena de detenciones de promotores por edificar sin licencia o enganchar de forma fraudulenta la conexión a la red eléctrica.