El Ejecutivo remite a las comunidades el plan de formación profesional
Actualizado:El Gobierno rechaza haber apartado a las comunidades autónomas del desarrollo y reparto de la formación profesional y afirma que ha remitido a las comunidades autónomas el borrador de Real Decreto que regula el sistema de formación profesional para el empleo y que ha pactado con los sindicatos CC. OO. y UGT y la patronal CEOE / CEPYME. Los fondos destinados a la cualificación de los trabajadores gestionados por los ejecutivos territoriales movilizaron en 2005, más de 339 millones.
El Gabinete de Rodríguez Zapatero asegura haber remitido a las autoridades autonómicas el borrador de Real Decreto por el que se regula el sistema, con objeto de que formulen las alegaciones, observaciones y propuestas que consideren oportunas. Es decir, da por abierto «un proceso de negociación para alcanzar el mayor nivel de acuerdo», según un comunicado del Ministerio de Trabajo, en el que se insiste en que la propuesta oficial no está cerrada.
Respuesta
Con este escrito, el Ejecutivo responde a los partidos nacionalistas y fuerzas políticas que le acusan de pactar a espaladas de las comunidades la reestructuración de la formación profesional. Por ejemplo, Madrid y la C. Valenciana han amenazado con recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, mientras que CiU anuncia que pedirá explicaciones y la comparecencia en el Congreso del presidente Zapatero.
El Ministerio recuerda que el Real Decreto se basa en el IV Acuerdo Nacional de Formación, firmado el 7 de febrero por el Gobierno, CEOE / CEPYME, CC. OO. y UGT. El documento recogía las líneas generales del nuevo sistema, que consagraba la caja única (todas las cotizaciones iban a una misma hucha de donde salían también todas las prestaciones) de la Seguridad Social, distribuía la gestión de los cursos entre el Estado y las autonomías y unía la atención y las actividades destinadas a parados y activos.
El IV Acuerdo fue necesario, entre otras cuestiones, para cumplir las sentencias dictadas, en su día, por el Tribunal Constitucional e interpuestas por Galicia y Cataluña. Los fallos otorgaban mayor protagonismo a las comunidades autónomas. Precisamente la interpretación de las resoluciones fue motivo de enfrentamiento durante meses entre varias autonomías y el Ejecutivo central.