Euskadi y el precedente andaluz

Es patente patente que el Partido Nacionalista Vasco mantiene un discurso dual, que es el resultado de la manifiesta fractura entre el sector mayoritario, dirigido por Imaz, presidente del EBB, y el minoritario, encabezado por Egíbar, el epígono de Arzalluz, bien implantado en su feudo guipuzcoano. Ambos sectores apuestan por la creación de una mesa de partidos que debería soportar la negociación política del llamado proceso de paz y que habría de ser gestionada por el lehendakari Ibarretxe, más cercano a Egibar que a Imaz, pero los planteamientos de uno y otro sector no son idénticos: en tanto Imaz manifiesta que la fase de la mesa de partidos ha de ser ulterior a la constatación del alto el fuego definitivo e irreversible, Ibarretxe -como Batasuna- cree que esa mesa debería formarse cuanto antes.

Además, las dos facciones se diferencian en un aspecto esencial: en tanto Ibarretxe piensa que la reforma del marco institucional vasco puede y debe hacerse por simple mayoría, Imaz cree que es necesaria cierta transversalidad. El presidente del EBB lo dijo claramente al término de su entrevista con Rodríguez Zapatero el pasado jueves: el PNV «no impondrá» en el País Vasco ningún proyecto que no cuente como mínimo con el apoyo que obtuvo en su día el Estatuto de Guernica; pero a la vez el Gobierno «no podrá impedir» en Madrid lo que decida la sociedad vasca. Por si alguien no lo recuerda, el Estatuto de Guernica fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979, con una participación del 59,77% del censo y un voto afirmativo del 90,29%.

Sea cual sea el alma del PNV que se imponga a la otra, lo cierto es que nos aguarda, antes o después, una propuesta de reforma estatutaria o, si se prefiere, un plan Ibarretxe II. Si Imaz pilota el proceso, la propuesta llegará más tarde y el consenso será más amplio, pero en cualquier caso la perspectiva es inquietante por una razón bien evidente: si el techo del desarrollo autonómico es el alcanzado por el nuevo Estatuto de Cataluña, no acaba de verse a qué puede aspirar el nacionalismo vasco si el autogobierno conseguido por Cataluña es, y no sólo en la financiación, todavía interior al que ya disfruta el País Vasco.

Parece, pues, lógico que quienes abrazamos estos ideales nos pongamos a trabajar en su consecución. Cuando el nacionalismo, que es por definición particularista y por degeneración insolidario, tiene la grandeza de reclamar amplios consensos para la convivencia, tanto la sociedad civil como los grandes partidos estatales, que tienen a gala reclamar para sí la defensa del interés general, han de volcarse en el mismo afán.

Sucede sin embargo que ese consenso, que no es un concepto en absoluto retórico cuando se refiere a asuntos de naturaleza constituyente está fallando en otros tramos menos complejos de la reforma territorial en curso. En Andalucía el proyecto de reforma estatutaria ha conseguido por los pelos el apoyo de los tres quintos de los diputados autonómicos -el 60%-, pero no ha logrado el respaldo del segundo partido andaluz.

Es evidente que en Andalucía esta escasa capacidad de acuerdo no es alarmante. Pero los políticos han de medir las consecuencias de sus actos más allá de sus propios ámbitos. Porque no deja de ser una ironía que el PNV sea más exigente en lo que a transversalidad se refiere en Euskadi que lo que han sido PP y PSOE en el mismo sentido y en Andalucía.