Inquilinos de un edificio de Astilleros denuncian la «explotación» de una empresa

«Hay una familia que literalmente no tiene para comer». Así resumía Carlos Martín Aceituno, presidente de la Asociación de Vecinos de la avenida de Las Cortes la situación de los habitantes de la finca número 14.

Martín Aceituno se presentó ayer ante el Pleno municipal para exponer el caso de las 32 familias de este edificio del barrio de Astilleros que viven en régimen de alquiler y que según él pueden verse en la calle en noviembre.

La empresa que gestiona los cobros les ha duplicado la cuota de la comunidad (de 35 a 74 euros) y les obliga a pagar una derrama en concepto de una deuda que «no sabemos de dónde procede».

Los vecinos han recurrido también ante la Junta, que de momento no ha tomado cartas en el asunto. El edificio está en una parcela de Astilleros edificada por Surproge S.A. hace poco menos de cinco años. Esta empresa le pasó la gestión de las rentas de las viviendas (que no tienen derecho a compra) a su filial, Alquileres y Desarrollo. En el contrato de arrendamiento, los vecinos se vieron obligados a firmar la renuncia expresa a los derechos de tanteo y retracto que prevé la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). De esta forma, dicen, «garantizan el que nunca podamos adquirir la vivienda».

Pero los actuales gestores de los alquileres son Promociones de suelo RAMVV, con domicilio social en Sevilla. En una última reunión con ellos, según denunció el representante de estos vecinos, «nos dijeron que a quien se portara bien se le renovaría el contrato».

Las familias, asegura Martín Aceituno se encuentran en una situación desesperada y están tratando de recurrir a todas las administraciones para obtener amparo. En su opinión, «está muy bien que se hagan viviendas públicas en alquiler, pero la gestión no se puede dejar en manos de una empresa, sin control».

La alcaldesa, al término del Pleno, solicitó al representante de los vecinos, su teléfono para examinar el asunto.