El PP denuncia al Ayuntamiento de Tarifa por supuestas irregularidades urbanísticas

El cúmulo de «irregularidades» cometidas y el agotamiento de la vía política, llevaron ayer al PP a recurrir al ámbito judicial y presentar una denuncia contra el alcalde de Tarifa, Miguel Manella, y su equipo de Gobierno (PSOE e IU) por la adjudicación de la reforma y asignación de nuevos usos al castillo de Santa Catalina. Prevaricación, falsedad documental y atentados contra el patrimonio histórico, la ordenación del territorio y los recursos naturales y el medio ambiente fueron los delitos en los que, a juicio, del PP, ha incurrido el Ayuntamiento.

Los hechos se remontan a abril de 2004, cuando el Consistorio convocó un concurso de ideas para reformar y dotar de nuevos usos al castillo. Meses más tarde, el anteproyecto ganador fue el presentado por la empresa Tarifa Secreto del Sur que, según el PP, cuenta con informe desfavorable del arquitecto municipal por no adaptarse al Plan General de Ordenación Urbanística vigente, ya que no se admite el uso comercial y de ocio al que ahora está destinado -30 locales comerciales y un restaurante-. Además, la concesión se ejecuta sin establecerse la baremación de méritos, puntuación y criterios de selección y adjudicación, lo que hace «ilegal» al pliego de condiciones.

Según el presidente del PP de Cádiz, estas presuntas irregularidades que vulneran la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas llevan al Ayuntamiento a ejercer una adjudicación «a dedo» en toda regla, que se agrava por el hecho de que la empresa no tiene personalidad jurídica ni está inscrita en el Registro Mercantil y no consta escritura de constitución. A ésto el PP sumó que, un mes más tarde, se aprobó en pleno municipal y de forma «ilegal» el cambio de titularidad de la empresa a Costa Tarifa Santa Catalina SA.

La lista de elementos supuestamente delictivos la completaron los populares con la «alteración grave» de un edificio protegido por su interés histórico y monumental y de un espacio como el Cerro de Santa Catalina, catalogado como «bien natural de la ciudad».

Para Sanz, la gravedad no es sólo que el procedimiento «no es legal» y «no concurren los requisitos mínimos», lo que convierte al «concurso de ideas en un concurso de posibles delitos», sino la «connivencia» de la Junta de Andalucía, a la que acusó de «perseguir» con constantes investigaciones a los ayuntamientos gobernados por el PP, mientras «no usa la misma vara de medir» para los del PSOE.

«Trapicheo extraño»

Por su parte, el presidente del PP de esta localidad, Juan Andrés Gil, aclaró que su partido no está en contra de los fines que otorga este proyecto al castillo, que consideró «no es un terreno intocable», sino en contra de la «simpática y graciosa» forma en la que se adjudicó, en un procedimiento que tildó de «trapicheo extraño».

Como socio de la empresa adjudicataria figura el empresario Antonio Blázquez, titular del complejo turístico-deportivo de Monteenmedio, instalación sobre la pesa una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de uno de sus espacios. Un argumento no utilizado por el PP para desacreditar esta operación, según Gil, por considerar que quien no ha actuado de la forma correcta es el Ayuntamiento y no los empresarios.

Respuesta

La respuesta del alcalde socialista de Tarifa a la denuncia fue de «sorpresa», al apreciar que la adjudicación se ajusta a derecho, «cuenta con todas las bendiciones de los técnicos y del procedimiento administrativo» y se ha seguido una «tramitación impecable». Para el regidor, se trata de una estrategia del PP de «magnificar» sus críticas con «supuestos delitos que sólo mentes como las suyas son capaces de inventar».

Las obras en el castillo comenzaron el pasado mes de febrero, quedando paralizadas en abril a raíz de un accidente laboral.