Concha Caballero. / EFE
ANDALUCÍA

Izquierda Unida denuncia que en la comunidad se urbanizan tres hectáreas al día

Chaves destaca que la Junta de Andalucía cuenta con la norma más avanzada contra la especulación

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Una moratoria para la construcción en puntos concretos de Andalucía. Esta fue una de las peticiones que le realizó Concha Caballero, portavoz de IU en el Parlamento, al presidente Manuel Chaves durante el turno de preguntas en la sesión de control al Gobierno andaluz de ayer.

La representante de IU aportó tres datos para avalar su propuesta: que en Andalucía se urbanizan tres hectáreas de terreno cada día, que en los últimos diez años se ha construido más en nuestra tierra que a lo largo del resto de su historia y que existen unas 150.000 viviendas ilegales en todo el territorio andaluz.

Concha Caballero afirmó que el Parlamento legisla leyes contra el crecimiento incontrolado de cemento que, sin embargo, no se cumplen ante la falta de acción del Consejo de Gobierno, por lo que pidió establecer una moratoria para el crecimiento urbanístico en zonas saturadas de la región. Además, la portavoz de la coalición de izquierdas indicó que el 60% de los andaluces piensa que en su ciudad existe corrupción urbanística.

Chaves, por su parte, comenzó su turno de respuesta admitiendo que existe un problema de especulación urbanística en Marbella, pero negó que se pudiera hablar de un problema general en toda la Comunidad. El mandatario también puso el acento en que la Ley del Suelo es el cuadro legal más moderno que existe en España contra este tipo de actividad ilícita y recordó, por ejemplo, que contempla medidas tan drásticas como la retirada de competencias -puesta en práctica recientemente en Marbella-, la obligación de los municipios de redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) si realizan modificaciones que afectan al diseño en sí de la localidad -antes bastaba con proponer una modificación puntual de elementos- y, sobre todo, que el 70% de los pueblos y ciudades andaluces acometen las revisiones de sus PGOU, lo que posibilita a la Administración andaluza ejercer un control de legalidad sobre ellos.

Daños a la economía

Chaves, sobre la petición de moratoria, respondió a Caballero: «¿Usted se ha parado a pensar el daño que una medida indiscriminada de estas características puede hacer a la economía y a la creación de empleo en Andalucía?».

Caballero le replicó que no se trataría de una restricción en toda la región sino en los lugares más saturados, como en el litoral. Chaves, por su parte, dijo que sería imposible esta medida parcial porque no se podrían delimitar de forma clara los criterios que llevarían a decretarla y que implicaría una discriminación entre municipios.