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Editorial

La alternativa andaluza

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El Parlamento andaluz dio ayer su aval mayoritario a la proposición de reforma del Estatuto bajo el espíritu del 28 de febrero. Dos décadas después, la clave medular se sitúa nuevamente en la determinación de ser «no más que nadie pero no menos que nadie». Más allá de la fórmula polémica de la «realidad nacional», la estrategia del texto fija esa voluntad de situarse en un plano de igualdad con las otras nacionalidades históricas del art.151. Y este efecto de contrapeso tiene un valor efectivo respecto a las estrategias nacionalistas, sobre todo tras el Estatut, que no cabe desdeñar sino apreciar con esa «altura de miras» a la que ayer apeló Chaves ante la evidencia de un documento abocado a salir de la cámara autonómica con un apoyo discreto debido al rechazo táctico del centroderecha territorial.

Convendría no dramatizar ese rechazo por más que resulte incómodo y hubiese sido deseable un consenso mayor. Y no sólo porque al cabo se han cumplido los requisitos legales para una aprobación por mayoría de tres quintos, sino porque en la política andaluza existe desde hace meses una percepción sin equívocos sobre las maniobras partidistas desplegadas durante la elaboración de este proyecto estatutario. El Partido Socialista, como ya ocurrió en la Transición, ha sabido granarse la parcela andalucista, con un discurso reivindicativo más moderno y racional que les asegura un espectro amplio de simpatías desde las vastas comarcas rurales de voto afín hasta los polos más dinámicos de desarrollo. Una vez más esto ha descolocado al PA, que puede verse ante otra crisis histórica de identidad, tras su larga travesía del desierto en los ochenta; en tanto, IU optaba por compartir la apuesta socialista al caballo ganador; y además con una negociación dura que en ciertos aspectos les permitió fijar soluciones algo inflexibles cercanas a sus tesis. El PP, segundo gran partido de la comunidad con un tercio del electorado, ha impuesto la estrategia arriesgada de la unidad de España frente a las aventuras territoriales probablemente con la convicción de que ese discurso tendrá réditos a medio plazo. No obstante, se diría que Andalucía no es el lugar más indicado para infundir temores separatistas. De hecho, la fórmula de la «realidad nacional» está inspirada por el profesor Clavero, una figura política mitificada desde la transición al dimitir ante el rechazo del Gobierno central a que Andalucía se rigiese por el 151 al que se accedió vía referéndum.

El Estatuto de Andalucía tal como fue aprobado ayer por el Parlamento territorial, a pesar de las notorias semejanzas con el Estatut y ocasionalmente una redacción mimética, no es, sin embargo, una réplica de éste: la alternativa andaluza adopta un perfil federalista pero no nacionalista. Y su estrategia debería ser contemplada bajo esa clave, porque la apuesta andaluza es igualitaria y solidaria, sin la tentación de los privilegios exclusivos ni la menor inclinación a las veleidades retóricas del soberanismo. Donde Cataluña ha tratado de reemplazar al Estado en parcelas que éste tiene atribuidas, Andalucía propone compartir el poder de decisión. Esto resulta notorio en aspectos como el control aeroportuario o la Agencia Tributaria. De ahí que la reforma andaluza podría convertirse en la referencia para otras comunidades y con seguridad esto hace prever una tramitación sin contratiempos significativos en las Cortes Generales, garantía definitiva de su encaje constitucional.