Inflexión nuclear
Actualizado:Lo que debería haber sido un mero trámite técnico-administrativo, el cierre de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) dos años antes de cumplir su vida útil y con una capacidad de producción eléctrica irrelevante para las necesidades del país, ha adquirido un significado simbólico por su coincidencia con un momento álgido sobre la conveniencia de retomar o no el impulso a la energía procedente de la fIsión nuclear.
La central clausurada, cuyo desmantelamiento durará hasta 2015 con un coste de 170 millones de euros, tiene su origen en una decisión política de hace cuatro años, no porque ofreciera problemas para la seguridad interna o de su entorno, tal como ha señalado la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Teresa Estevan. Es indiferente a estos efectos el color político del Ejecutivo que tomó esa decisión, porque hasta ahora la moratoria nuclear que ha impedido autorizaciones a nuevas centrales nucleares, habiéndose inaugurado en 1988 la última de las ocho en funcionamiento, había sido compartida por la gran mayoría de las fuerzas políticas. Si fue un gobierno popular el que ordenó el final de Zorita, corresponderá al actual del PSOE decidir sobre la planta de Santa María de Garoña (Burgos), cuya compañía explotadora va a solicitar un aplazamiento de diez años sobre la clausura prevista para 2009.
A tenor de la escalada en los precios del petróleo, de la inestabilidad permanente en los países del Golfo Pérsico y de las exigencias del Protocolo de Kioto en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, crece la inquietud en Europa por su excesiva dependencia energética. El primer ministro británico ha anunciado medidas para impulsar la producción de energía de procedencia nuclear mientras que nuestra vecina Francia, que genera el 75% de la electricidad en plantas nucleares, está ampliando su parque de centrales con vistas a la exportación eléctrica, fundamentalmente hacia España.
El panorama es tan acuciante, sin que las alternativas eólica, solar o biomasa sean rápidas y rentables, que el actual Gobierno que proponía desmantelar todas las centrales en veinte años y cuyo presidente se confesaba «el más antinuclear» del Ejecutivo, ha promovido una mesa de diálogo sobre el futuro energético de nuestro país sin descartar la energía nuclear. Este paso debería servir, antes que nada, para analizar la cuestión con la máxima responsabilidad en cuanto a las ventajas (independencia energética, limpieza y coste) y los problemas (prolongada contaminación radiactiva de los residuos) de las plantas alimentadas de uranio. También, alcanzando dentro del Gobierno el consenso que ahora no existe entre los ministerios de Industria y Medio Ambiente y, en tercer lugar, dando cuenta a la ciudadanía de las decisiones que se adopten con absoluta transparencia, evitando los fundamentalismos y las demagogias que tantas veces empañan debates de estas características.