La Guardia Civil detiene a otras cuatro personas por la trama de las pensiones

La Guardia Civil detuvo ayer a otras cuatro personas relacionadas con la conocida como Operación Karlos, la trama supuestamente dedicada a falsificar informes médicos para la obtención de pensiones vitalicias y bajas laborales. Se trata de cuatro hombres, tres naturales de Ubrique y uno de Algodonales, que prestaron declaración en la tarde de ayer en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Cádiz, al que hace unos días fueron desviadas las diligencias desde Jerez. Los cuatro, acusados de haber obtenido algún tipo de pensión o baja laboral mediante los oscuros procedimientos que se están investigando, quedaron en libertad con cargos a la espera de que concluya la instrucción del caso.

A los diez detenidos en la primera fase de la operación -entre los que se encontraban la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario; el empresario José Luis López, más conocido por el sobrenombre de El Turronero y la secretaria personal del primer teniente de alcalde Jerez, Pedro Pacheco- se sumaron el pasado martes otras tres personas, que se encuentran en libertad con cargos. El círculo se completó en la jornada de ayer, y sólo por ahora, con la detención de estos cuatro individuos y la declaración en calidad de imputadas de otras dos mujeres.

Una de ellas es Isabel Gil, de Ubrique, y que, según fuentes de la investigación, está acusada de suplantar a la madre de María José Campanario ante el tribunal médico con el objetivo de conseguir una pensión para la suegra de Jesulín de Ubrique. Gil está directamente relacionada con el presunto cerebro de la trama, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero. La imputada es la madre de Elisa Calvente, colaboradora y compañera sentimental de Carretero ingresada en prisión, y de Juan de Dios Calvente Gil procesado también por su presunta pertenencia a la red de facturas falsas destapada en el marco de la Operación Halcón, a través de la cual se llegó al entramado de informes médicos falsos y pensiones fraudulentas que también lideraba, al parecer, Carretero.

Junto a Gil, declaró ayer como imputada una mujer natural de Sanlúcar, que responde a las iniciales de C. C. y que, al igual que la madre de los hermanos Calvente, quedó en libertad con cargos y tendrá que presentarse en los Juzgados cada cierto tiempo.

Estas dos personas han sido imputadas al estar consideradas como beneficiarias de alguna pensión o baja laboral, que podría haber sido obtenida a través de los dudosos e ilegales métodos que se están investigando en el marco de la operación. Con los detenidos e imputados de ayer, el número de personas relacionadas con la trama se eleva a 19, aunque en prisión sólo se encuentra el médico del Equipo de Valoración de Incapacidades al que se le relaciona con la cúpula de la organización. El resto de los que han pasado por los Juzgados de Cádiz y Jerez se encuentran, en su mayoría, en libertad con cargos, y algunos, como María José Campanario, han tenido que depositar fianza para eludir el ingreso en prisión.

Fuentes de la investigación insisten desde hace días en que las detenciones de esta segunda fase, que arrancara el martes, se prolongarán durante varias jornadas y estarán centradas en la localización en distintas poblaciones de la Sierra de personas que puedan haber obtenido pensiones por incapacidad y bajas laborales mediante estos oscuros procedimientos.