La diputado Juan García defiende la tesis del «cazador cazado» en el 'caso Sanlúcar'

La tesis del «cazador cazado» reapareció ayer en el juicio por el caso Sanlúcar, en esta ocasión, defendida por el secretario de Política Municipal del PSOE en 1999 y hoy diputado provincial y alcalde de San José del Valle, Juan García. Una teoría que no contó con el respaldo de los otros dos dirigentes socialistas que también se reunieron con el ex alcalde de Sanlúcar, Agustín Cuevas, y el secretario de Organización del PSOE sanluqueño, Rafael García Raposo, nada más estallar el escándalo de este supuesto intento de soborno a un edil del PP. El motivo de la ausencia en el estrado de Ignacio García de Quirós y de Antonio Perales fue la renuncia a sus testimonios por la defensa.

Por ello, fue García en solitario el encargado de relatar lo que aconteció en aquella reunión en el Hotel Doñana de Sanlúcar, en el que Cuevas y García Raposo les expusieron cómo el concejal popular, Manuel Ramírez, Cunete, les brindó la oportunidad de comprar su voto para frenar una moción de censura en el Consistorio, que ellos aceptaron con el fin de recabar pruebas y denunciarle. Algo que no sucedió y que acabó con el efecto contrario: la denuncia de Ramírez. García detalló que en aquella reunión les cuestionó a Cuevas y García Raposo sobre «por qué se les había ocurrido meterse en esta historia alucinante» y calificó de «increíble» lo que allí escuchó.

En calidad de ex concejal socialista, y hoy miembro y edil del partido Alternativa Sanluqueña -socio de gobierno del PP en Sanlúcar-, también testificó José Luis Cuevas. En su intervención, describió que en aquella reunión en el hotel, en la que también estuvo presente, se acordó la presentación de una denuncia y que esta surgió a iniciativa del propio García Raposo. También mostró sus dudas de la asistencia del ex alcalde, aunque afirmó que «debería estar».

Cuevas también dejó clara la existencia de un pacto por la gobernabilidad del municipio suscrito con el PP, en la que constaban tanto su firma como la de García Raposo y Cuevas, y por parte del PP, Marco Antonio Caballero, Pedro Gómez y quien luego sería alcalde, Juan Rodríguez. Dicho pacto aclaró que sostenía en acuerdos «puntuales», pero entendió que una moción de censura popular significaría que éste no se ha respetado, dándose por hecha su ruptura.

Por lo que se refiere a la jornada de hoy, ésta contará con el testimonio de dos peritos caligráficos y un empresario del sector de la alimentación y se prevé que pueda ser la penúltima, ya que, según informa Europa Press, podría ser el próximo miércoles cuando el jurado pudiera emitir su veredicto. «Ni contacto físico ni telefónico». El constructor Rafael Ávila, en un principio investigado por su posible participación en la trama y que luego pasó a ser testigo, negó con estas palabras que haber recibido petición alguna de dinero por parte de Cuevas o García Raposo con la intención de frenar una moción de censura de PP y PA. No obstante, sí admitió contacto telefónico con García Raposo pero para darle el pésame por la muerte de un familiar en aquellas fechas.

Pero Ávila no sólo rechazó que de su empresa pudieran salir fondos para este fin, motivo por el que aseguró no entender por qué aparece relacionado con los hechos, sino que dijo desconocer que hubiera otros empresarios del ramo que sí hubieran accedido a pagar para prestar este favor político.