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CC OO acusa a la Junta de no cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

LA VOZ/CÁDIZ
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El Sindicato Provincial de Administración Pública de Comisiones Obreras ha denunciado el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de la legislación sobre prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo. Para la organización, el desconocimiento sobre el índice de siniestralidad y la incidencia de las enfermedades contraídas en el trabajo se producen por esta falta de aplicación de la Ley sobre Salud Laboral. La queja coincide con la celebración del Día Internacional de la Seguridad de los Trabajadores.

CC OO denuncia la «inactividad» de la Junta de Andalucía en materia de prevención de riesgos laborales de los empleados públicos a su servicio. Un hecho que hoy va a ser denunciado ante la Inspección de Trabajo, donde responsables de este sindicato depositarán las denuncias correspondientes a la «falta de aplicación» de la normativa en materia de prevención.

Según el sindicato, no se están realizando los planes de prevención, las evaluaciones de riesgo ni las actividades preventivas. Tampoco se realizan los reconocimientos médicos y las pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores. Para Comisiones Obreras, tampoco existen planes de emergencia y evacuación ni se han constituido los comités de seguridad y salud.

Huelga ilegal

Por otro lado, el secretario provincial de CC OO, Manuel Ruiz, consideró ayer que la sentencia que declara «ilegal» la huelga de limpieza en Sanlúcar de Barrameda del pasado año está «escasamente fundamentada» y dictada «desde la incomodidad ideológica del juez». Ruiz recordó que la convocatoria de huelga «cumplía todos los requisitos legales, incluidos los servicios mínimos», y estuvo motivada por los «incumplimientos reiterados», por parte del Ayuntamiento sanluqueño del convenio colectivo de los trabajadores municipales.

Además, los empleados protestaban por una política de personal «basada en el enchufismo», la «falta» de seguridad en el trabajo y del abono de la póliza del seguro y la «apropiación» de las cuotas del IRPF y la Seguridad Social.

Así las cosas, reiteró que la sentencia, la cual recordó «no es firme», «no tiene ningún tipo de fundamento jurídico», por lo que además de recurrirla, acudirán en segunda instancia al TSJA, «y si hace falta hasta el Tribunal Constitucional».