Un plan eólico marino para evitar conflictos

Ante los recientes avances del Gobierno central para la regulación de la energía eólica marina, Ecologistas en Acción ha solicitado que, como paso previo, dé respuesta a la necesidad de elaborar un Plan Eólico Marino. Un instrumento que, a su entender, no sólo debe «ordenar» este recurso energético e «impulsarlo», sino determinar las «áreas favorables» para su desarrollo y las «zonas excluidas» en función de criterios tanto ecológicos como de rentabilidad económica.

Esta petición de la organización conservacionista viene expresamente recogida en sus «sugerencias» al borrador de la Guía metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental de parques eólicos marinos, redactada por el Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo fin es marcar las directrices a las empresas promotoras sobre los requisitos, trámites y contenidos que debe incluir el estudio de impacto ambiental de sus proyectos.

En estas «sugerencias», a las que ha tenido acceso LA VOZ y cuyo destinatario es el departamento que dirige Cristina Narbona, Ecologistas en Acción reconoce el «considerable avance» que supone dicha guía, aunque insisten en la conveniencia de que en ella se incluya dicho plan por cuanto sirve para «ofrecer garantías a los promotores, conseguir la adhesión de la población, favorecer la innovación tecnológica y comprometer a las instituciones».

Otras herramientas

Aparte de esta observación, también defienden que la Administración central añada a esta guía otros dos instrumentos «valiosos» para cualquier proyecto eólico off-shore que se precie: la evaluación ambiental estratégica y la planificación y gestión integradas de las zonas costeras. En el primero de los casos, la utilidad no es otra que introducir los principios de «cautela y acción preventiva» para valorar y ordenar el recurso eólico de acuerdo con factores ambientales, económicos, tecnológicos, turísticos o pesqueros y «facilitar al planificador criterios básicos para la toma de decisiones». Y en el segundo, la planificación y gestión integradas son una vía para contribuir al desarrollo sostenible de manera que cualquier proyecto, antes de ser aprobado, debe demostrar ser: «económicamente viable, ecológicamente compatible, socialmente justo y espacialmente racional».

Elementos peligrosos

De acuerdo con estos matices y pese a reconocer que es «positiva» por su valor de indicio de que el Gobierno está dispuesto a regular esta materia, el responsable del área energética en Ecologistas en Acción en Cádiz, Daniel López Marijuán, afirma que esta guía «es insuficiente» y muestra su preocupación por que la «carga de prueba» de los proyectos quede «en manos» empresariales.

En este sentido, centra su atención en un capítulo «peligroso» de esta guía como es la contemplación de medidas compensatorias, aparte de correctoras y preventivas, «ya que éstas dejan la puerta abierta a la estrategia empresarial del uso del dinero para corregir los posibles efectos negativos, acallando algunas voces». Al igual que Ecologistas en Acción, otra organización a la que ha pedido consejo el Gobierno es Greenpeace. Ambas participan en la aportación de sugerencias no sólo al borrador de esta guía, sino también al del real decreto que regulará el proceso para la tramitación de las solicitudes de autorización de los parques eólicos.