El número de denuncias por violencia de género ha aumentado más del 30% en el último año

A la espera de los resultados que pueda arrojar el nuevo protocolo de actuación ante la violencia de género, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen trabajando con sus propios medios para afrontar un problema privado que cada vez es más público. Las víctimas de malos tratos se están atreviendo poco a poco a romper su silencio, lo que se traduce en un incremento progresivo en el número de denuncias y acciones judiciales.

Buena prueba de ello son las cifras que maneja el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional, la única unidad especializada en el tratamiento de estos delitos en un cuerpo de seguridad. Su responsable, la subinspectora Araceli Jabonero, aporta datos para confirmar ese aumento, señalando que en 2004 contabilizaron 324 denuncias por malos tratos, mientras en 2005 fueron hasta 423. Son casi un centenar a más de denuncias, lo que representa una subida del 30,5%.

Para la subinspectora, los motivos de este ascenso son que «cada vez más gente conoce este conflicto» y también «tiene más información sobre lo que pueden hacer para acabar con su situación y el servicio que ofrecemos».

Esta tendencia también se advierte en las órdenes de alejamiento dictadas por el juzgado número 2 de Instrucción, especializado en violencia de género. Fueron 130 en 2004, bastantes menos que las 205 de 2005, a las que se añaden, no obstante, las que todavía están en vigor y cuyo cumplimiento debe garantizar la Policía Nacional. Es por ello que, en la actualidad, el SAF y la UPAP (Unidad de Protección, Asesoramiento y Prevención) vigilan a unas 400 mujeres con órdenes de alejamiento de sus agresores.

Además, de enero a abril de este mismo año el SAF lleva registradas 53 nuevas denuncias, solicitadas y concedidas 47 órdenes de protección y alejamiento y efectuadas hasta 29 detenciones.

En todos los casos, el funcionamiento del SAF es similar, aunque los ocho funcionarios que lo integran en la actualidad deben adaptarse a las necesidades de la víctima. Para empezar, Araceli Jabonero explica que «hacemos una ficha personal con sus datos, su situación familiar, si tiene hijos o mayores a su cargo, y una detallada descripción de la violencia que padece, insultos, amenazas, acoso, palizas y golpes,...»

También se solicita a la denunciante un parte médico de lesiones, en caso de agresión, y si se le acompaña al Hospital, a un centro de salud o se les remite al Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento. En muchos casos, la subinspectora explica que acuden respaldadas por la Asociación de Mujeres Unidas contra la Violencia de Género, pero en general «vienen sin saber qué hacer».

En el SAF se les explican las posibilidades y, especialmente, «las consecuencias de la denuncia. Estamos hablando de un delito y nuestro trabajo es detener al agresor, tomarle declaración y llevarle ante el juez. Hay mujeres que no quieren que su pareja pase por el calabozo. Pero nosotros no estamos para asustar a nadie».

Responsabilidades

Es más, Jabonero subraya que el alejamiento y protección «implican responsabilidad para los dos», más cuando «incitar al quebrantamiento de estas órdenes también es delito». Así lo suele indicar, además, el juez en sus sentencias, dejando claro que su dictamen «vincula a ambas partes, y cualquier inducción al quebrantamiento será objeto de persecución judicial».

Insiste la responsable del SAF en la complejidad de la violencia de género porque «es un delito del corazón» y en muchas ocasiones, la víctima ni siquiera sabe que está siendo maltratada psicológicamente. Por su experiencia sabe, aunque suele haber dos tipos de agresores, «el sociable con todos menos con su mujer y el violento», lo cierto es que «cualquiera puede maltratar. Es un problema de difícil solución, que depende sobre todo de la educación».

Para afrontar estas situaciones, Araceli Jabonero indica que a los policías nacionales «nos enseñan desde la academia» a tratar a víctimas de todo tipo de delitos. Eso sí, recuerda que desde enero de 2005, con la entrada en vigor de la ley integral sobre violencia de género, «hacemos cursos de especialización en Madrid, con casos prácticos y teóricos».

Lo que está claro es que «una mujer no puede estar protegida durante las 24 horas por la policía. Y el que tenga en la cabeza que debe matar a su mujer, al final acaba haciéndolo», lamenta la subinspectora. No obstante, Araceli Jabonero recuerda que «por suerte en Jerez no hemos tenido ninguna muerte, al menos de momento. Espero que algún día me quede sin trabajo. Eso significará que este delito ya no existe».