El alcalde de San Fernando estudia demandar a la Junta por su actuación en La Casería

El pulso entre la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de San Fernando por la construcción de siete torres de pisos en La Casería no ha hecho más que empezar. El alcalde isleño, Manuel María de Bernardo, habló ayer por primera vez del asunto para contestar a las declaraciones «de la desinformada consejera de Obras Públicas».

El primer edil isleño defendió en todo momento la legalidad de las construcciones y mostró la autorización de la delegación de Obras Públicas de la inscripción de la Junta de Compensación de la zona, fechada el 22 julio de 2004. «Me duele decir que algo huele a podrido en la Delegación de Obras Públicas. Siento que una consejera tenga tan poca información de algo tan importante, pero espero que rectifique cuando vea todos los informes que demuestran que las obras son completamente legales», afirmó De Bernardo, quien anunció que ya ha puesto a su equipo jurídico a estudiar una posible acción judicial contra la actuación de Obras Públicas.

Desde la Delegación Provincial de Obras Públicas, por su parte, se aseguró que el documento mostrado por el alcalde sólo responde a un trámite administrativo que no aprobaba la construcción de las torres y se insistió en que las competencias de la zona las tiene el Ayuntamiento, pero que no pueden permitir la edificación de bloques tan altos, aunque reconocieron que ahora mismo sólo los jueces pueden parar la obra, por lo que se reservan el derecho de acudir a los tribunales.

El alcalde hizo una lectura política de la petición de la Delegación de Obras Públicas de paralizar las obras y la amenaza de acudir a los tribunales si el Ayuntamiento no da la orden. «Esto es orden de Chaves. ¿Por qué si no han reabierto el caso tres años después de cerrarse todo el procedimiento administrativo y a tan solo un año de las elecciones? Estamos pagando la oposición andalucista al Estatuto traicionero de los socialistas», aseguró De Bernardo.