Salvador Guerrero.
ANDALUCÍA

Un vocal del PP asiste a dos de los detenidos en el 'caso Malaya'

Guerrero, que se encargará de Economía y Hacienda, dice que abandonará la comisión si su labor como letrado es incompatible El presidente del órgano cree que es una «situación paradójica»

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Fue una sorpresa con mayúscula. Salvador Guerrero, abogado y uno de los seis vocales del PP en la comisión gestora, en la que asumirá el área de Economía y Hacienda, podría ser la primera baja voluntaria antes de que ésta dé sus primeros pasos. El propio letrado admitía ayer que el bufete que él mismo dirige asiste a José Jaén, hasta ahora concejal de Cultura y Educación, en libertad bajo fianza por su presunta implicación en el caso Malaya, además de haber representado a otro de los implicados en esta trama de corrupción municipal desvelada en la localidad.

Se trata de Leopoldo Barrantes, secretario municipal, que está en libertad con cargos. Entre sus clientes, también figuran Antonio Calleja, coordinador de Hacienda e imputado en el caso Monteverde, y el empresario Tomás Olivo, que ayer prestó declaración en relación a la operación Malaya.

Consciente de esta situación, Guerrero avanzaba, después de que terminara la reunión del Comité Ejecutivo del PP, que en caso de que se determinara que su puesto en la gestora es incompatible con su quehacer profesional y sus clientes persistieran en que les siguiera asesorando su despacho, abandonaría la citada comisión y el cargo para el que ha sido designado por el PP.

Es más, el letrado aseguró que no se había planteado esta posible incompatibilidad, al tiempo que matizó que le buscaron para ocupar este puesto. «Esto representa un cambio fundamental en mi vida; pero espero que no altere ni mis relaciones personales, ni las familiares ni mi despacho», subrayó Guerrero. Nadie quiso permanecer ajeno a esta polémica. Para la presidenta del PP de Marbella y San Pedro, Ángeles Muñoz, no existe tal incompatibilidad, además de expresar su absoluta confianza en que Guerrero hará un buen trabajo. En este sentido, fuentes de la Diputación señalaron que se trata de una cuestión ética y no técnica.

Por su parte, Marisa Bustinduy, secretaria provincial del PSOE, está «segura» de que el PP «asumirá su responsabilidad y tomará medidas» si se confirma una incompatibilidad.