Los familiares de personas dependientes podrán recibir 400 euros mensuales

La ayuda económica media que recibirán los usuarios del sistema que se acojan a esta prestación en lugar de los servicios del SND rondará los 400 euros mensuales, según ha indicado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Caldera ha explicado que este cálculo es una media recogida en la Memoria Económica del proyecto sobre el conjunto de los usuarios y que, evidente, no recibirán la misma cuantía los grandes dependientes que los dependientes leves. Además, recordó que el Sistema Nacional de Dependencia priorizará la prestación de servicios. En cualquier caso, estas serían las cuantías que podrían recibir los cuidadores familiares que atiendan a personas dependientes.

Por otro lado, el ministro de Trabajo insistió en que la aportación que deberá realizar el ciudadano a la financiación del sistema no superará, en términos medios, el 30 por ciento del servicio y que se ha reforzado la idea de que nadie quedará sin prestación por carencia de recursos económicos. Igualmente aseguró que el texto, como ha dictaminado el Consejo de Estado y han admitido las propias comunidades autónomas, es plenamente constitucional y no invade competencias.

La Ley, en vigor desde 2007, es una "verdadera revolución"

La Ley entrará en vigor en enero de 2007, y a partir de esa fecha todo español que lo requiera podrá solicitar la valoración de su nivel de dependencia. Caldera calificó el texto de "enorme avance social" y "verdadera revolución". "Es la ley más importante dirigida a las personas, y por su puesto también a sus familias", dijo el titular de Trabajo, que ya ha solicitado su comparecencia en el Congreso para explicar el proyecto de Ley y los últimos cambios operados en el texto.

"El Gobierno está convencido de que con esta ley comenzamos a cimentar el futuro del cuarto pilar del Estado del Bienestar", añadió la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. A su juicio, la futura Ley de la Dependencia viene a sumarse a otros derechos de gran calado social, como en su día lo fueron el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria gratuita y universal y el derecho a las pensiones.

La dependencia debe ser un desafío social

A su vez, aseguró que también comporta el compromiso de intentar facilitar, en la medida de lo posible, la vida de todas las personas que hoy atienden a los dependientes. "Quiere también significar que la dependencia no puede ser una carga exclusivamente familiar, es un desafío social al que corresponde una decidida respuesta de los poderes públicos", insistió.

Caldera subrayó que la Ley garantiza "la igualdad de todos los ciudadanos a través de la financiación por parte del Estado del "contenido básico del derecho" y otorga carácter prioritario a la prestación de servicios frente a la económica. Asimismo, insistió en que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales, el aval del Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado y un principio de acuerdo de las comunidades autónomas. "Espero que se incorporen todas las fuerzas políticas al consenso en la tramitación parlamentaria", indicó.

Sobre los últimos cambios operados en el articulado, el titular de Trabajo comentó que los menores de 3 años con graves enfermedades y discapacidades tendrán también derecho a las prestaciones del sistema y que se han clarificado los niveles de protección. Además, la ayuda económica de atención personalizada a todos los grandes dependientes. Se refuerza asimismo el derecho haciéndolo exigible administrativa y judicialmente, según comentó. En cuanto a la financiación señaló que se ha reforzado su suficiencia y garantía y que será sostenida al 50 por ciento entre Estado y comunidades autónomas.