La petición de cese de Hernán Díaz centra el debate del Pleno de Diputación

El Pleno de Diputación tuvo ayer un protagonista casi absoluto. Ni el cese del andalucista Manuel María de Bernardo ni la asunción de sus competencias por parte del diputado del PSA, Juan Román, lograron eclipsar la figura del alcalde de El Puerto, Hernán Díaz (IP). Un diputado ausente, para el que IU y PP pidieron su expulsión del equipo de Gobierno por el perjuicio que entraña a la «credibilidad e imagen» de la corporación por sus asuntos pendientes con la Justicia y la condena por prevaricación que, aunque no firme, pesa sobre él.

La moción, defendida por el único representante de la formación de izquierdas, Alonso Lobato, no obtuvo el respaldo suficiente para salir adelante, ya que el apoyo del PP y la abstención de De Bernardo, en su primer gesto como ex miembro del Gobierno provincial, no sirvieron para contrarrestar el voto contrario de la alianza entre PSOE, PSA y el diputado no adscrito Hermenegildo González.

Pero hasta esta resolución final, el debate fue intenso. En la argumentación de IU y, por añadidura del PP, primaba el concepto de «higiene democrática», que era rebatida por el propio presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, de acuerdo con el principio legal de «in dubio, pro reo -en la duda, a favor del reo-». Para González Cabaña, el que la condena de siete años de inhabilitación a Hernán Díaz por el caso Fuentes esté recurrida es motivo para su mantenimiento al frente del área de Turismo, pero no obstante advirtió que «cuando sea condenado lo cesaré», algo que no sucederá en caso de absolución.

Pero el ataque a su socio, le sirvió para arremeter contra la oposición popular. Criticó el «linchamiento» al que someten al regidor portuense, mientras a otros supuestos «delincuentes» son erigidos «en el mejor alcalde de la provincia», como el de La Línea, o el ex alcalde de San Roque, recordando la próxima cita con los tribunales del diputado popular Fernando Palma.

La mención de este aforado provocó la que fuera su primera intervención en lo que va de legislatura. Palma no sólo expuso de manera pormenorizada su caso, sino que recuperando una argumentación desafortunada de González Cabaña, de que cualquier político puede ser denunciado por un «loco» o por alguien al que se le haya podido ordenar que lo haga, apuntó a que tal vez haya podido ser víctima de una denuncia ordenada por el PSOE.

La contienda del cese, que el PP se empeñó en hacer extensible al ex andalucista Hermenegildo González por considerarlo un «tránsfuga», tampoco prosperó, por motivos de reglamento y por la negativa de IU a que fuera incluida en su moción sobre Díaz. Y es que como sentenció González Cabaña: «el cupo de ceses de este semestre ya está cubierto».

El pleno también sirvió para la aprobación de la moción popular para dotar de un local a la Asociación de Familiares del Paciente Con Daño Cerebral Adquirido, para lo que Diputación ofreció un espacio en Chiclana, mientras sucedió lo contrario con la petición de IU de una unidad de atención integral para Anorexia y Bulimia. Por último, y se acordó el apoyo a la Ley de Municipios Turísticos, aunque ello suponga la exclusión de Grazalema.