Flores piratas

Las canciones de David Bisbal o los versos de Neruda no son los únicos productos artísticos que están blindados con leyes que preservan su originalidad del negocio pirata de las copias. Más allá del arte, también existen otras patentes y otros elementos que tienen un padre con derechos exclusivos. Las flores no escapan de esa protección y en virtud a los títulos de propiedad vegetal, la Guardia Civil registró hace unos días ocho explotaciones agrarias de Chipiona, Sanlúcar y Jerez donde hallaron cuatro variedades protegidas de clavel que habían sido cultivadas sin licencia.

La actuación del equipo de Policía Judicial vino motivada por la denuncia de una agrupación de ostentadores de títulos de derechos de propiedad que había detectado en ocho fincas gaditanas el cultivo de las variedades Optima, Westdiamon, Barbados y Natila de una especie de clavel. Estas flores están sujetas a licencias que sólo permiten su explotación y comercialización a los titulares de ese permiso o a aquellos que han obtenido la aprobación de los propietarios de la patente.

Siete personas (una de ellas es dueña de dos de las fincas inspeccionadas) han sido denunciadas e imputadas por un delito contra la propiedad industrial al producir supuestamente de manera clandestina estas variedades.

Gracias al profuso material remitido por la entidad denunciante a la Guardia Civil, que incluían fotografías áreas de los cultivos, los agentes localizaron sin grandes problemas las flores protegidas, que crecían en invernaderos. Detrás de estas plantas, en apariencia insignificantes, hay un largo y costoso proceso de producción hasta obtener una variedad diferente. Así, los primeros cálculos realizados por la Guardia Civil estiman que los cultivos inmovilizados tienen un valor aproximado de 48.740 euros pero que pueden dar un beneficio bruto al año cercano a los 280.000 euros.

Los agentes tomaron muestras de las flores que han sido enviadas al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria con el fin de confirmar que pertenecen a las variedades protegidas.

Además de violar la propiedad industrial, los denunciantes apelan al menoscabo económico que se le hace a aquéllos que legalmente han obtenido la licencia de explotación y tienen que pagar por ello.

El Instituto Armado realizó una actuación similar en el año 2004, aunque las repercusiones legales fueron mayores por el importante número de implicados. 17 cooperativistas de Vejer fueron detenidos por copiar una variedad de garbanzo protegida.