mañana comienza su juicio en la audiencia nacional

Cinco anarquistas se enfrentan a 161 años de prisión por actos terroristas en Barcelona

El fiscal afirma que los procesados crearon el Movimiento Anarquista Libertario y de la Extrema Izquierda y que realizaron actos de sabotaje

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La Fiscalía solicitará penas de entre 55 años y 161 años de prisión para cinco presuntos miembros de un grupo anarquista que, en los años 2002 y 2003, atentó contra subestaciones eléctricas, sucursales bancarias, estaciones de ferrocarril y concesionarios de automóviles en la provincia de Barcelona.

En el juicio que se celebrará mañana en la Audiencia Nacional, el fiscal también les acusará del envío por correo, el 8 de septiembre de 2003, de un libro-bomba a la embajada de Grecia en Madrid, por lo que les imputa un delito de tentativa de asesinato, ya que considera que "se puso en peligro la vida e integridad física" del personal de la representación diplomática. En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal afirma que los procesados crearon el Movimiento Anarquista Libertario y de la Extrema Izquierda y que realizaron actos de sabotaje mediante la colocación de artefactos incendiarios y explosivos "con la pretensión de actuar contra todo lo que represente el Estado y el sistema establecido".

El supuesto responsable del grupo era Joaquín Felicísimo Garcés, para quien pedirá 150 años de prisión, y los otros cuatro integrantes del mismo son Rafael Tomás (89 años), Carolina Forné (166 años), Igor Quevedo (116 años) y Roger Gras (55 años). Todos ellos están acusados de integración en organización terrorista, tenencia de armas y explosivos, tentativa de asesinato y de diez delitos de estragos terroristas, uno de ellos en grado de tentativa. A un sexto acusado, Teodoro Hernández, el fiscal sólo le acusa de participar en acciones calificadas jurídicamente como de daños terroristas -como la rotura de cristales de empresas inmobiliarias, vagones de metro, sucursales bancarias o de la sede de la Asociación de Caballeros Legionarios de Barcelona-, y sólo pide para él una pena de multa.

Entre las acciones más graves imputadas al grupo, el escrito del ministerio público señala la colocación de dos artefactos incendiarios en un restaurante griego el 1 de julio de 2003 o de un barril lleno de pólvora en la ventana de un convento de monjas en el barrio barcelonés de Horta el 19 de ese mismo mes. En los registros practicados tras la detención de los integrantes del grupo se encontró una pistola, un revólver y una escopeta de cañones recortados, así como material químico y electrónico apto para la confección de artefactos incendiarios y explosivos.